El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pedirá su reincorporación a la judicatura, ahora que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha concluido que el Tribunal Supremo (TS) vulneró sus derechos a la presunción de inocencia y a la revisión de su condena y sentencia.
En 2012, el Tribunal Supremo condenó al ex juez a 11 años de inhabilitación por el delito de prevaricación después de que Garzón ordenara intervenir los teléfonos de los abogados de los principales imputados en el «caso Gürtel».
En una entrevista publicada en El País, Garzón explicó que pedirá su reincorporación a la judicatura. El ex juez ha señalado que la sentencia de la ONU es «muy contundente», ya que afirma que la ONU considera que Garzón no tuvo «acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos abiertos contra él en el caso Franquismo -por el que fue absuelto- y en el caso Gürtel». Por lo tanto, dictaminó que España debía indemnizar al ex juez por los daños causados.
«Para mí, lo más importante es que pide que se tomen medidas para que no ocurra nada similar en el futuro», dijo a El País. Y considera que «es una sentencia para proteger a los jueces y fiscales de cara al futuro». La reparación total sería mi reincorporación como magistrado». Además, subrayó que lo que se necesita ahora es «el blanco y el blanco de la botella» porque «si te han quitado la profesión, deberían devolvértela».
También en la entrevista, el ex magistrado de la Audiencia Nacional expresó su deseo de retomar su carrera, sin embargo, dijo que ahora estudiará el cauce adecuado para solicitar esta reincorporación porque, subrayó, «no lo harán de oficio». Añadió que corresponderá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomar una posición al respecto.
En su dictamen, la comisión critica la labor del Tribunal Supremo y el hecho de que los casos «Franquismo» y «Gürtel» se hayan tramitado de forma simultánea, con juicios celebrados con cinco días de diferencia y con la participación de los jueces en ambos casos, a pesar de la solicitud de recusación del primero.
España tiene seis meses para presentar sus explicaciones
Según las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, España debe presentar sus «explicaciones o declaraciones escritas» e informar al Comité de Derechos Humanos de la ONU en un plazo de seis meses si ha tomado alguna medida en el caso de Garzón.
Fuentes del organismo de expertos independientes indicaron a la agencia de noticias Europa Press que el Pacto, en vigor desde 1976, especifica en su artículo 4.2 el plazo en el que los Estados Partes deben pronunciarse sobre las sentencias y notificar si han tomado o no alguna medida al respecto.
Además, según el artículo 106 del Reglamento del Comité, se debe nombrar un «relator especial» que haga un seguimiento de los dictámenes adoptados para «comprobar» si España ha tomado medidas para «dar efecto» a la resolución.
Comentarios de España
España, como Estado parte, presentó sus observaciones sobre el caso Garzón el 31 de julio de 2020, según las observaciones.
Esto dicta, sobre el caso del ‘Franquismo’ -que investigó las desapariciones forzadas durante la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco-, que «no puede establecerse» que la apertura de un proceso penal contra el ex juez fuera «arbitraria», ya que su actuación «chocó frontalmente con cuestiones fundamentales del Estado de Derecho». Además, insiste en que la sentencia fue absolutoria porque la interpretación de la ley por parte del anterior juez era «errónea», pero no reunía la característica del delito de prevaricación.
En cuanto al «caso Gürtel», España indicó que no había argumentos que justificaran «la existencia de parcialidad» por parte del Tribunal Supremo. Sostuvo que no hubo «arbitrariedad ni denegación de justicia en el proceso penal». El Comité de la ONU aseguró que la interpretación de Garzón – «aunque errónea»- «no constituyó una falta grave o incompetencia que pudiera justificar su condena penal», lo que le llevó a perder definitivamente su puesto como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
En esta línea, subrayó que la condena del Tribunal Supremo en el caso de la conspiración Gürtel fue «arbitraria e imprevisible al no basarse en disposiciones suficientemente explícitas, claras y precisas que definieran con exactitud las conductas prohibidas» por la ley. También criticó el hecho de que el antiguo juez no tuviera acceso a una segunda instancia.
Como parte de su estrategia de defensa, el ex juez también recurrió al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos rechazaron de plano sus recursos contra la condena por prevaricación del Tribunal Supremo.
