Los atentados de este fin de semana en París, en los que hay confirmadas dos víctimas mortales de nacionalidad española, han vuelto a abrir el debate sobre la polémica reforma de la ley de Justicia Universal que el PP logró aprobar en solitario en marzo de 2014 con el uso de su mayoría absoluta a pesar de tener a todos los partidos de la oposición en contra, que calificaban la medida de inconstitucional, y del rechazo de numerosos colectivos sociales, incluidas asociaciones del ámbito jurídico.
Y es que, con la entrada en vigor de la ley, España ya no tiene competencia para investigar y juzgar crímenes que se hayan cometido fuera de su territorio aunque sean de terrorismo y en ellos haya implicadas víctimas españolas, convirtiéndose en “un paraíso para el refugio de criminales buscados internacionalmente” y dejando indefensos a los ciudadanos españoles en el extranjero, como ya lamentó el juez Pedraz el pasado junio, cuando, debido al carácter retroactivo de la ley, se vio obligado a archivar la causa que tenía abierta por el asesinato en Irak del cámara de Tele 5 José Couso.
La misma ley condujo también al sobreseimiento de la causa que seguía la Audiencia Nacional sobre el genocidio del Tíbet, en la que había querellantes españoles, o la liberación de ocho narcotraficantes de nacionalidad extranjera que fueron interceptados en aguas de Almería con un alijo de 9,8 toneladas de hachís.
En concreto, se trata de la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que restringe las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, limitándolos solo a aquellos que se hayan sido cometidos por ciudadanos españoles o extranjeros con residencia habitual en España. Esta reforma impide también a los tribunales de nuestro país amparar a las víctimas españolas y a sus familias en el caso de que deseen querellarse y las deja a merced de la justicia de los países en los que se haya cometido el delito, en este caso, Francia.
En este sentido, este lunes se ha producido un cruce de declaraciones entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, colocando la masacre de París en la contienda pre-electoral, en la que ya se encuentra el cacareada “pacto antiyihadista” defendido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
En un encuentro en Barcelona con la Unión del Mediterráneo, Pedro Sánchez ha pedido esta mañana la derogación de la ley de reforma de la Justicia Universal para que jueces y policías españoles puedan volver a “actuar eficazmente en materia terrorista y de lucha contra el crimen organizado en el exterior”, en relación a las actuaciones del Estado Islámico.
Por su parte, el ministro Catalá ha respondido defendiendo la reforma del Partido Popular, declarando que derogar la ley del PP no es “el camino correcto” para luchar contra el yihadismo. Según Catalá, lo importante para mantener la cooperación internacional en todas las áreas es “la confianza recíproca”, agregando que no se puede pensar que la Justicia en otros países, que son Estados de Derecho, necesite que se haga en España “lo que no hacen ellos”.
Catalá defiende así la competencia de Francia para investigar y juzgar la masacre de París de este fin de semana pero no aporta amparo a las familias de las víctimas españolas por parte de la justicia de su país ni explica cómo se aplicaría la ley en el caso de que los terroristas del Estado Islámico fueran detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado en una situación en la que no tuvieran intención de atacar en nuestro país.
