En el caso Púnica, el juez Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a 37 personas, entre ellas ocho exalcaldes, en relación con las irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a la empresa de servicios energéticos Cofely en varios municipios, la mayoría de la Comunidad de Madrid, entre 2012 y 2014.
Además de los ex alcaldes -seis de ellos del PP, uno del PSOE y otro de la Unión Demócrata Madrileña (UDMA)-, también se encuentra entre los imputados el empresario David Marjaliza, considerado socio del ex concejal madrileño Francisco Granados en Púnica y que lleva unos años dando muestras de colaboración con justicia en este caso.
En esta parte del caso, el número 6, Marjaliza, es considerado el «conseguidor» de estos contratos para Cofely, todo ello en el marco de una trama que el juez califica de organización criminal.
La investigación se refiere a los contratos adjudicados en los ayuntamientos de Torrejón de Velasco (por valor de 4.111.395 euros); Moraleja de En Medio (2.862.975 euros); Parla (54.659. 019); Alcalá de Henares (11.847.479); Valdemoro (50.280.748); Collado Villalba (35.467.135); Móstoles (60.449.119) y Serranillos del Valle (4.205.589), sumando casi 224 millones de euros.
A ello, el juez añade los procesos de adjudicación que se interrumpieron en las localidades madrileñas de Brunete y Casarrubuelos, y en Almendralejo (Badajoz) cuando estalló la operación Púnica en octubre de 2014.
Entre los investigados están los ex alcaldes de Parla José María Fraile (PSOE); de Móstoles Daniel Ortiz -también ex diputado ‘popular’ en la Asamblea de Madrid-; de Collado Villalba Agustín Juárez López de Coca (PP) ; Valdemoro José Carlos Boza Lechuga (PP); Moraleja de En medio Carlos Alberto Estrada (PP); Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas Navarro (PP); Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández (UDMA), y Almendralejo José García Lobato (PP).
En el caso de este último ayuntamiento, aunque el auto judicial afirma que no se adjudicó ningún contrato a Cofely a causa de la acción judicial, el alcalde habría facilitado información sobre el caso, por lo que está siendo procesado por divulgación de información confidencial.
Entre los acusados se encuentran también técnicos municipales y varios ex directivos de Cofely, a la que el magistrado propone juzgar también como persona jurídica.
El magistrado de la Audiencia Nacional considera que los hechos son constitutivos de un total de ocho delitos: organización criminal; corrupción para realizar un acto contrario a los deberes inherentes a la función en concurso con prevaricación y revelación de información confidencial; tráfico de influencias; fraude; corrupción de la persona en concurso con prevaricación administrativa; fraude de la persona; aprovechamiento de información confidencial para sí o para un tercero; y el delito de corrupción de persona jurídica.
Por otro lado, aceptó cerrar el procedimiento con respecto a unas 30 personas.
En el auto, el juez describe cómo los directivos de Cofely y Marjaliza, con su grupo de empresas pantalla y testaferros, actuaron «como una presunta organización criminal con planificación global, con vocación de permanencia e interviniendo en varios ayuntamientos».
«En esta tarea intervinieron hasta diez investigados entre los organizadores y los participantes que desempeñaron diversos roles que se desplegaron en esferas o círculos concéntricos, siguiendo una secuencia temporal continua que iba más allá de ser eventos episódicos», observa el juez.
Para darle una apariencia de legalidad, el director de Cofely, Maurice Didier Roger, contrató a Marjaliza bajo la apariencia legal de asesor comercial, al tiempo que utilizaba la red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales que había utilizado en su anterior etapa como promotor urbanístico.
Según el contrato, la empresa pagaba al empresario una retribución fija mensual de 1.500 euros y una parte variable, en función de los contratos obtenidos, hasta un máximo de 155.000 euros.
«El éxito de los contratos obtenidos por Marjaliza llevó a Cofely a preparar un nuevo proyecto de contrato reconociéndole para el año 2014-2015 un canon con posibilidad de pagos variables por 5.500.000 euros, que el procedimiento judicial del 27 de octubre de 2014 abortó», señala la resolución.
Sin embargo, los ayuntamientos que adjudicaron los contratos en 2012 y 2013 apenas pagaron las facturas de Cofely, aunque facturó los servicios iniciales, mientras que los ayuntamientos que lo hicieron en 2014 se vieron afectados por la operación Púnica, que «desactivó toda la organización criminal», según la sentencia.
