Un informe remitido al Juez Ruz por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) amplía a más de 8,7 millones la cantidad económica que la Comunidad de Madrid, al mando de Esperanza Aguirre, facturó en contratas a empresas de la trama Gürtel entre los años 2004 y 2008. El método que se usó para la adjudicación fue el de racionar los contratos en facturas pequeñas. Entre los actos facturados de esta forma se encuentran homenajes a las víctimas del 11M y a Miguel Ángel Blanco.
En el informe de IGAE al juez Ruz se explica detalladamente cómo estas contrataciones se gestionaron al márgen de la ley: los gastos para estos actos ni eran tramitados, ni se aprobaban por escrito ni tenían ningún tipo de control, y los miembros del ejecutivo madrileño “no sólo tenían conocimiento de esta práctica” sino que adoptaban una participación activa dando instrucciones a Correa de cómo debía facilitar las facturas a la vez que hablaban con los diversos órganos administrativos para que autorizaran dichas facturas.
La conclusión del informe no deja lugar a dudas, los órganos gestores de la entidad bancaria CAM actuaron presuntamente al margen de la ley siguiendo instrucciones verbales y los órganos administrativos pagaron a cargo del presuspuesto de la Comunidad de Madrid, usando facturas racionadas para no tener necesidad de hacerlas públicas.
Según el informe, estarían implicadas casi todas las consejerías y algunos miembros del ejecutivo de Esperanza Aguirre.
