La entidad bancaria Cajamar está enviando cartas a sus clientes para exigirles, bajo amenaza de sanción, que rellenen un formulario en el que quedaría expuesta su ideología política y la de sus familiares, en contra de la Ley de Protección de Datos, que estipula que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”.
Este hecho ha sido explicado por la organización de protección del consumidor FACUA-Consumidores en Acción, que ha anunciado este lunes que ha procedido a interponer denuncia contra la entidad bancaria Cajamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que el banco sea expedientado.
Denunciamos a Cajamar por exigir a sus clientes que aclaren si tienen «actividad política» http://t.co/ff5qYcjdQd pic.twitter.com/nFAiCzbLGg
— FACUA (@facua) abril 27, 2015
Según FACUA, las cartas han sido enviadas a los clientes en los últimos días, aunque vienen fechadas como 30 de marzo de este año, y en ellas aparece un apartado con la siguientes preguntas: “Desempeña usted o ha desempeñado en los últimos años alguna actividad política? ¿Es familiar o allegado de alguien en dicha situación?”. En caso afirmativo, Cajamar exige también que se aporten datos concretos sobre dicha actividad, como la población o el cargo desempeñado.
En caso de no ser remitida esta información sensible a la entidad bancaria, Cajamar advierte a sus usuarios de que tomará “medidas que pueden ir desde el bloqueo de sus cuentas hasta la cancelación de ellas”.
FACUA advierte de que se trata de datos especialmente protegidos por el artículo 7.1 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, y de que el concepto “actividad política” tiene una amplísima acepción que “ni siquiera está relacionada exclusivamente con dirigir, militar o participar en las actividades de un partido político o una organización de la sociedad civil”, ya que “cualquier ciudadano que participe en la vida pública reivindicando sus derechos está desarrollando una actividad política”.
Cajamar se ampara en la ley de prevención del blanqueo de capitales
La ley obliga a las entidades financieras, así como a las aseguradoras de vida y otras entidades, a identificar y aplicar medidas reforzadas de diligencia hacia personas que ostenten determinada “responsabilidad pública”, algo que, según FACUA, no tiene nada que ver con desempeñar “una actividad política”.
Según la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, esta solicitud de información sobre “determinada responsabilidad pública” sería aplicable solo a altos cargos y sus allegados, como jefes de Estado o de Gobierno, parlamentarios, altas instancias judiciales, alto personal militar, consejos de administración de bancos centrales, etc., pero no a cualquier ciudadano, ni siquiera a los “empleados públicos de niveles intermedios o inferiores”.
En este sentido, Cajamar estaría incurriendo en un error grave contra el derecho a la intimidad de sus clientes, por lo que FACUA espera que la AEPD “expediente a Cajamar y, entre otras medidas, la inste a abstenerse del tratamiento de los datos que reciba relativos a la ‘actividad política’ de sus clientes, familiares y allegados”, y también señala que Cajamar debe enviar una nueva carta a sus clientes para aclarar el error cometido.
