El juez Silva será juzgado por un presunto delito continuado de prevaricación y retardo malicioso en la administración de Justicia en relación con el caso de Miguel Blesa, lo que podría conllevarle una pena de hasta 43 años de inhabilitación, según ha informado el Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid
El Juez Silva, que instruía la causa del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, llegó a solicitar prisión provisional para este en dos ocasiones durante la investigación de la supuesta compra fraudulenta del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid en 2008.
Tras haber logrado salir la primera vez de su encierro mediante el pago de una fianza de 2,5 millones de euros, Blesa volvió a ingresar en prisión a petición del mismo magistrado, pero esta vez sin fianza. Sin embargo, el primer banquero encarcelado desde el inicio de la crisis financiera que degeneró en los rescates con dinero publico de las principales entidades bancarias, tan sólo pasó en la cárcel dos semanas, puesto que la Audiencia Provincial decidió repentinamente cerrar una de las causas que el juez Silva había abierto contra él.
La Fiscalía interpuso después la querella contra el juez para abrirle investigación por dos delitos contra la libertad individual, siendo admitida a trámite por la Sala del tribunal madrileño.
En el texto de la acusación, la Fiscalía alega que el modo de actuar del magistrado en la causa de Blesa es “absolutamente irregular y contrario a cualquier interpretación posible en Derecho”, por lo que pide para él “la pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos” y la imposibilidad de obtener “cualquier empleo o cargo en el ámbito de la administración pública” mientras dure la condena, que la Fiscalía cifra en 30 años de inhabilitación para el juez y una multa de 10.800 euros, lo que supondría la expulsión definitiva de Silva de la carrera judicial.
Blesa, quien se sumó como acusación particular contra Silva, pide para este una condena de 43 años de inhabilitación y una sanción económica de 18.900 euros.
Además, también como acusación particular, el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán –que se halla en prisión desde hace un año condenado por el caso de Viajes Marsans–, ha decidido solicitar una pena de 24 años de inhabilitación para Silva y una indemnización de 50.000 euros para compensar, según él, el “sufrimiento moral” que le ha causado el haber sido investigado, dentro del ‘caso Blesa’, por un supuesto crédito fraudulento de 26 millones de euros que obtuvo de Caja Madrid siendo consejero de la entidad.
Por otro lado, el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha presentado una querella contra el juez que admitió a trámite la querella contra Silva, para que sea investigado a su vez por prevaricación.
Mientras tanto, Silva denuncia públicamente en los medios de comunicación y las redes sociales que existen motivaciones políticas en las querellas presentadas contra él, ya que juzgar al juez que pretende juzgar la relación entre la banca y la corrupción política sentaría precedente e impediría a otros jueces investigar otros casos de corrupción.
