La polémica central de Santa María de Garoña en Burgos, la más antigua del parque nuclear español, cerrará definitivamente después de que el Gobierno haya denegado la solicitud de renovación, según ha anunciado este martes el ministro de Energía, Álvaro Nadal, una semana antes de que se cumpliese el plazo para la toma de decisión del Ejecutivo a este respecto. La decisión ha sido tomada con alegría y celebración desde el mundo ecologista, que considera que se trata de un logro de la presión social.
El ministro ha explicado que la orden ministerial que tiene que emitir el Gobierno al respecto «será la de denegación» de la continuidad de la explotación porque las «circunstancias actuales» no garantizan la suficiente certidumbre, teniendo en cuenta de la oposición a la reapertura de la planta ejercida por todos los grupos políticos excepto el PP, y a las discrepancias sobre la solicitud también expresadas por Iberdrola y Endesa.
De ese modo, Garoña se habría convertido en la primera central nuclear española, hermana de la japonesa que provocó el horror de Fukushima, en llegar hasta los 60 años de operación y abriría el camino al resto de centrales españolas, que se van acercando progresivamente hasta los 40 años de vida útil, en pleno proceso del Gobierno por definir el modelo energético del futuro.
El 11 de julio, el Gobierno abrió un plazo de diez días para que once interesados presentasen alegaciones al proceso. De estos, presentaron alegaciones favorables a la continuidad la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) y contrarias a esa decisión las ONG Greenpeace, Ecologistas en Acción, la Asociación Ecologista Centaura, la Diputación de Álava, el Parlamento Vasco y los Gobiernos de Navarra, La Rioja y el País Vasco.
En la actualidad, cinco son las centrales nucleares en España: la de Almaraz en Cáceres, la de Trillo en Guadalajara, las de Vandellos II y Ascó en Tarragona y la de Cofrentes en Valencia. Hay otras dos en proceso de desmantelamiento: Vandellos I en Tarragona y Zorita en Guadalajara.
Greenpeace celebra el cierre de Garoña
“Greenpeace celebra que Garoña vaya a comenzar su desmantelamiento porque se abre definitivamente la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España. Garoña cierra porque la ampliación de su vida no es rentable para sus dueños, pero lo celebramos porque cerrar las nucleares es más seguro y rentable que darles más licencias”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de Energía nuclear de Greenpeace.
La organización ecologista, junto a otras ONG, lleva todos estos años informando, documentando y protestado de forma pacífica para pedir el cierre de Garoña por motivos de seguridad y de contaminación al medio ambiente, así como denunciando “la modificación de las normativas para dar ventajas económicas a los propietarios contra el interés general”.
Tras muchos años pidiéndolo… ¡CIERRA GAROÑA! Se abre la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España https://t.co/P87lleNKFR pic.twitter.com/5bcuGwOdXL
— Greenpeace Madrid (@greenpeace_madr) 1 de agosto de 2017
Según el último informe publicado por Greenpeace, ‘El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social’, el desmantelamiento generaría 100.000 puestos de trabajo y el proceso del abandono nuclear supondrá un aumento total del PIB de unos 20.000 millones de euros, pero las eléctricas apenas han cubierto el 30% del fondo para la gestión de los residuos nucleares.
La central nuclear de Garoña recibió autorización para ponerse en marcha en 1966. Cinco años después, cuando se conectó a la red, era la única central en funcionamiento en España de las llamadas de Primera Generación. Tiene una reactor igual al reactor nº 1 de la central de Fukushima Daiichi, y entre otros, sufría problemas de agrietamiento, problemas de su sistema eléctrico, problemas de refrigeración y deficiencias tras las pruebas de resistencia que se realizaron a raíz del accidente nuclear de Fukushima.
