La polémica central de Santa María de Garoña en Burgos, la más antigua del parque nuclear español, cerrará definitivamente después de que el Gobierno haya denegado la solicitud de renovación, según ha anunciado este martes el ministro de Energía, Álvaro Nadal, una semana antes de que se cumpliese el plazo para la toma de decisión del Ejecutivo a este respecto. La decisión ha sido tomada con alegría y celebración desde el mundo ecologista, que considera que se trata de un logro de la presión social.
El ministro ha explicado que la orden ministerial que tiene que emitir el Gobierno al respecto «será la de denegación» de la continuidad de la explotación porque las «circunstancias actuales» no garantizan la suficiente certidumbre, teniendo en cuenta de la oposición a la reapertura de la planta ejercida por todos los grupos políticos excepto el PP, y a las discrepancias sobre la solicitud también expresadas por Iberdrola y Endesa.
Según el último informe publicado por Greenpeace, ‘El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social’, el desmantelamiento generaría 100.000 puestos de trabajo y el proceso del abandono nuclear supondrá un aumento total del PIB de unos 20.000 millones de euros, pero las eléctricas apenas han cubierto el 30% del fondo para la gestión de los residuos nucleares.
La central nuclear de Garoña recibió autorización para ponerse en marcha en 1966. Cinco años después, cuando se conectó a la red, era la única central en funcionamiento en España de las llamadas de Primera Generación. Tiene una reactor igual al reactor nº 1 de la central de Fukushima Daiichi, y entre otros, sufría problemas de agrietamiento, problemas de su sistema eléctrico, problemas de refrigeración y deficiencias tras las pruebas de resistencia que se realizaron a raíz del accidente nuclear de Fukushima.
