El Gobierno ha decidido poner coto a otra de las iniciativas que plantean una alternativa a los sistemas institucionalizados y que forman redes de ayuda mutua entre ciudadanos para adquirir servicios a menor coste que, de otro modo, en muchos casos no podrían permitirse en estos tiempos difíciles.
Después de limitar el crowdfunding –el sistema de cooperación colectiva para la financiación de proyectos a través de las redes sociales–, de acometer la Reforma Energética imponiendo peajes a los particulares por el autoconsumo doméstico de energía mediante pequeñas placas solares, de cerrar los bancos de alimentos no dependientes de instituciones –como el del 15M de Tetuán en abril– o del acoso sistemático a los centros sociales autogestionados –como el reciente caso de Can Vies en Barcelona o La Madreña en Oviedo–, le llega el turno ahora a los servicios de transporte compartido.
Compañías como Blablacar, Carpooling o Uber han entrado en el punto de mira del Gobierno del Partido Popular, que ha decidido imponer multas tanto a los usuarios de sus servicios como a las plataformas que los ofertan a través de internet.
El Ministerio de Fomento, dirigido por la ministra Ana Pastor, hizo pública ayer la advertencia para las personas que usen este método para viajar a un precio asequible en coches compartidos que no cuentan con la correspondiente autorización de transporte: estarán incurriendo en una “infracción muy grave” que conllevará sanciones de entre 401 y 600 euros.
Las empresas de las páginas web promotoras que no posean la licencia administrativa correspondiente se enfrentarán por su parte a sanciones que pueden oscilar entre 4001 y 6.000 euros.
“Ante la aparición de anuncios en los medios y redes de comunicación en los que distintas empresas hacen pública su intención de lanzar plataformas de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares”, los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre serán los encargados de controlar el cumplimiento de esta ley, y Empleo y la Agencia Tributaria también realizarán inspecciones dentro de sus competencias.
Según Fomento, el fin de esta legislación que obliga a estar en posesión de la autorización de transporte, tiene como fin “asegurar que el servicio que reciben os usuarios reúne las adecuadas condiciones de seguridad y calidad”, que no es posible presumir “cuando el prestador del servicio no ha acreditado ante la Administración que cumple con los requisitos legales y reglamentariamente exigidos para obtenerla”.
Sin embargo, la advertencia del Ministerio aparece dos días antes de que tenga lugar la huelga de taxistas madrileños con la que pretenden denunciar las pérdidas económicas del sector debido al uso del transporte privado compartido.
En realidad, la queja de los taxistas se dirige fundamentalmente contra la aplicación Uber, que permite a los viajeros contratar servicios de conductores privados, muchos de los cuales serían realmente conductores profesionales que aprovechan la plataforma para trabajar sin los costes de las licencias exigidas, pero dará al traste con el simple servicio de poner en contacto a ciudadanos que viajan compartiendo gastos sin ánimo de lucro.
Los taxistas no son los únicos molestos con estas plataformas online. La patronal de autobuses Fenebús exige desde el pasado mes de marzo el cierre de Blabacar por lo que consideran una “competencia desleal” que les hace perder hasta el 10% de las ventas de los billetes de autobús.
Blablacar opera en 12 países y en ninguno de ellos se ha encontrado con una denuncia como la de Fenebús, donde las líneas de transporte tradicional coexisten con las iniciativas de transporte compartido sin conflicto. En el caso de Francia existe además un texto de ley que reconoce que la actividad de servicios como Blablacar no supone competencia desleal, ya que los usuarios no ganan dinero con ello.
