Ignacio González quiso “sanear las cuentas” del PP Madrid en 2012, cargado de deudas tras la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2011, para lo que pidió a José Martínez Nicolás, exconsejero-delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), que le consiguiera un millón de euros, para lo cual, Martínez Nicolás “infló” los contratos suscritos por la entidad pública con las empresas PriceWaterhouseCooper (PWC) e Indra, cuyas dependencias fueron registradas esta semana por la Guardia Civil.
Según el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que constata que el millón de euros fue obtenido por González, la «línea de investigación» de la ‘Operación Lezo’ está relacionada con la «supuesta financiación que habría llevado a cabo el Partido Popular de la Comunidad de Madrid a través de un ente público dependiente de esta», refiriéndose a la ICM.
De hecho, afirma que el origen de la investigación comienza a raíz de la declaración ante la Fiscalía Anticorrupción del ex subdirector general de ICM Silvano Corujo Rodríguez, al que señala como «testigo privilegiado de los hechos» al formar parte de todas las mesas de contratación de la Agencia, quien aseguró que existían determinados contratos “inflados” con PWC e Indra con el objetivo de “sanear las cuentas del PP de Madrid”.
El juez Velasco subraya que gracias a las actuaciones policiales llevadas a cabo «hasta el momento» se ha podido conocer que Indra hizo frente a un «flujo monetario de 687.497,58 euros (566.497,58 euros en el año 2012 y 121.000 euros en el año 2013)» para pagar a las empresas proveedoras en la campaña electoral de los comicios autonómicos de 2011, cuyo resultado fue que Esperanza Aguirre conservara la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras obtener mayoría absoluta.
Pero no solo entraron en el juego PWC e Indra, ya que, además, se interpusieron «entre una y otras» hasta nueve empresas para pagar la deuda de los ‘populares’ madrileños. Se tratan de Sintra Consultores, Troyano Marketing y Diseño, Formaselect Consulting, Braveheart Management, Escuela Europea de Dirección y Empresa, Swat, Pamaz Imagen, The Cell Core y Strat Map, las cuáles estarían relacionadas a Óscar Sánchez Moyano, Miguel Madoz Echevarria y José Miguel Alonso Gómez.
El magistrado añade que el cargo que desempeñaba Martínez Nicolás en ICM asumía la responsabilidad de contratación del ente público y, por tanto, la «persona encargada de llevar a cabo la firma de los contratos». Además, apunta que éste habría utilizado su «posición de superior jerárquico» para determinar las decisiones de sus subordinados que llevaron incluso a la dimisión de alguno de ellos, como es el caso de Corujo, al no compartir las «exigencias planteadas» por el exconsejero.
Cuentas en paraísos fiscales
Por otra parte, Velasco indica que una línea de la investigación se centra en el supuesto enriquecimiento ilícito personal de Martínez Nicolás, pues «se ha podido determinar» que existieron cuentas bancarias a su nombre en Liechtenstein, considerado paraíso fiscal, que contenían «más de un millón de euros de origen desconocido y ocultos al fisco».
Durante la investigación se han detectado dos transferencias de estas cuentas a otras dos radicadas en Panamá y Suiza correspondientes a Jesús Arranz Monje y María de los Ángeles Monje Gutiérrez, respectivamente, de un total de 1.075.103,95 euros. Concretamente, 545.980,66 euros a la primera cuenta y 529.123,29 euros a la cuenta suiza.
El juez instructor entiende respecto a estas dos operaciones que es «difícilmente subsumible en una operativa comercial ordinaria», por lo que cree que se enmarcan en «operativas de compensación de fondos o de envío de dinero mediante un sistema informal». (Postdigital/Agencias)
