El exsecretario general del PP madrileño y exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados ha declaradoo este lunes ante la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del partido, y ha situado a Esperanza Aguirre y a Ignacio González en el centro de la ‘trama Púnica’. La actual presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, también ha sido señalada como responsable por el exconsejero.
Según Granados, Aguirre “designaba a todos los cargos de la Comunidad de Madrid y del PP regional”, así como también decidía los nombramientos de la empresa pública Arpegio, investigada en la Púnica porque a través de ella se habría financiado el Partido Popular de Madrid de manera ilegal.
Sobre esta financiación ilegal, Granados ha asegurado que en los comicios autonómicos de 2007 y 2011 se llevó a cabo una campaña electoral «paralela» para la expresidenta regional Esperanza Aguirre fuera de la contabilidad legal del partido y que fue dirigida por Ignacio González. Granados ha asegurado en este punto que Cristina Cifuentes formó parte de esta estructura paralela, del núcleo de poder de Ignacio González “hasta que tuvieron la ruptura sentimental”.
En este grupo de poder había cinco personas, según la declaración de Granados: además de la pareja formada por González y Cifuentes, estaban el exconsejero de Transportes y Medio Ambiente de la comunidad Borja Sarasola, la exresponsable de Comunicación del PP de Madrid Isabel Gallego y el actual vicesecretario general de Innovación del PP madrileño, José de la UZ.
«Soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre a la Comunidad de Madrid, no del PP de Madrid, sino de Esperanza Aguirre en concreto, que se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido y fuera del ámbito del partido», ha declarado Granados a la prensa tras comparecer ante el juez.
Esta campaña se pagó a través de gastos de publicidad que se cargaban a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid. Los fondos habrían procedido principalmente del Canal de Isabel II, empresa pública investigada en el ‘caso Lezo’ y en cuyo centro se encuentra también Ignacio González.
Aunque el líder de la Púnica no ha podido concretar exactamente la cantidad total de dinero público que habría sido desviado para la campaña personal de Aguirre, sí ha afirmado que solo el Canal gastaba en publicidad 15 millones de euros que, sumados al dinero ilegal procedente de otras empresas –como la Agencia de Informática y Telecomunicaciones (ICM)–, podría alcanzar la cantidad de “30 o 50 millones” para esta financiación irregular.
Sobre su participación en relación a la empresa Arpegio, Granados se ha autoexculpado señalando que delegó su responsabilidad sobre esta en el exconsejero delegado Eduardo Larraz por orden expresa de Esperanza Aguirre. A Larraz, investigado en la ‘Púnica’, se le encontraron 146 lingotes de oro guardados en una cuenta en Suiza.
El exconsejero también ha aprovechado para acusar a Aguirre de modificar el Programa de Inversión Regional (Prisma), un plan de dinero público para obras y servicios de los ayuntamientos madrileños. Según Granados, Aguirre decidió que fuera la Comunidad de Madrid la que realizara directamente las obras, apartando a los ayuntamientos, porque había consistorios del PSOE que no la invitaban a las inauguraciones de las obras.
Granados, que ha declarado durante tres horas ante el magistrado instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha asegurado que cuenta «la verdad» y que no ha traído documentación a su declaración en sede judicial porque cuando abandona un cargo público sale «con lo puesto». No obstante ha dicho que todo lo que ha explicado se puede corroborar «porque es verdad».
