A las pocas horas de cesar a la inspectora que estaba investigando el caso CEMEX, el jefe de la delegación de Grandes Contribuyentes, Ignacio Huidobro, fue quien convocó una reunión urgente para tratar el tema del despido de la inspectora, aunque Cristóbal Montoro afirmó que este no había sido el motivo de la reunión y, además, la Agencia Tributaria emitió un comunicado oficial negando que el propósito de dicha reunión fuera el caso CEMEX.
Huidobro no sólo convocó a los inspectores que habían participado en el expediente sino también a los jefes de equipo de las dependencias de control tributario de Grandes Contribuyentes, que nada tenían que ver con el asunto de Cemex. Unos 12 altos cargos de la Delegación en total.
Según ha informado la Cadena Ser, fue una reunión tensa donde Huidobro se enfrentó a los inspectores que estaban en contra de la decisión tomada, en la que el jefe de Grandes Contribuyentes acusó a la inspectora de desobediencia al no haber consultado con la Dirección antes de cerrar el expediente. Sin embargo, los inspectores no opinaban de la misma forma, ya que no es habitual que se realicen ese tipo de consultas en la tramitación diaria de expedientes, lo que generó enfrentamientos entre los asistentes a la reunión.
La intención del máximo responsable, Ignacio Huidobro, era incorporar un nuevo criterio en la tramitación del expediente de Cemex, que supondría una rebaja tan importante de la multa que la convertiría en anecdótica, considerando que se trata de una transnacional de gran volumen. Este criterio de calificación habría rebajado la sanción a Cemex de 450 millones de euros a apenas 15 millones.
Sin embargo, la inspectora a cargo del caso decidió proceder del modo regular, imponiendo la sanción de 450 millones de euros, que surgía como resultado de aplicar una multa del 15% sobre los 3.000 millones de euros que Cemex se habría ahorrado al llevar a cabo un fraude con Hacienda, consistente en una simulación de pérdidas para disminuir el pago del impuesto de sociedades hasta en 3.000 millones de euros. Como consecuencia, la inspectora fue destituida de su cargo, siguiendo a ese castigo los despidos voluntarios de varios compañeros de trabajo en solidaridad con la inspectora, incluido el mismo jefe de la Oficina Técnica de la Dependencia del Control Tributario.
Desde que el Partido Popular entró en el Gobierno ha habido diversoso relevos en los encargados de la investigación antifraude en Hacienda. Nada más llegar Pilar Valiente a la dirección adjunta de la Oficina Antifraude, seis inspectores fueron destituidos, muchos de ellos implicados en la investigación de casos de gran relevancia.
El historial de Pilar Valiente no está precisamente libre de mancha, pues fue la presidenta de la Comisión del Mercado de Valores durante el anterior ejecutivos del Partido Popular presidido por Jose María Aznar, teniendo que dimitir por el caso Gescartera, tras resultar que había mediado para cubrir a los presuntos implicados en el escándalo finaciero.
