Pablo González, el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, confesó ante la Audiencia Nacional, poco antes de abandonar la cárcel de Soto del Real hace dos meses, haber cobrado comisiones ilegales o “mordidas” por la adjudicación de contratos públicos en el marco del ‘caso Lezo’, mientras Ignacio González era el número dos de Esperanza Aguirre al frente de la comunidad.
Aunque González trató de exculpar a su hermano Ignacio declarando que “no le consta” que participara en ilegalidad alguna, no fue igual durante la declaración previa de Edmundo Rodríguez Sobrino, quien sí confesó en su comparecencia haber recibido un soborno de 2,7 millones de euros a través de sociedades suyas radicadas en Suiza en el marco de la operación de compra de la sociedad brasileña Emissao con sobreprecio pagado por el Canal.
En esa operación y según Sobrino, los 2,7 millones de euros se dividieron en tres partes de 900.000 euros, de las que él se quedó una y las otras dos estaban destinadas a parar en manos de Ignacio González y del exdelegado del Gobierno en Ceuta Vicente Moro.