El presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, vuelve a ser noticia en materia de corrupción este jueves al ser imputado por un presunto delito de tráfico de influencias en la adjudicación de subvenciones públicas en el marco de la ‘operación Hanta’, impulsada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en la que hay hasta ahora ocho detenidos.
La operación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se dirige contra la compañía tecnológica española Zed Worldwide, que estaba siendo investigada en secreto durante más de un año por cobro fraudulento de subvenciones públicas. Las dependencias de la empresa, cuyo fundador es Javier Pérez Dolset, han sido registradas este jueves por la UDEF, con registros que se han producido en Madrid, Barcelona y Valencia.
Entre los detenidos se encuentran el propio Pérez Dolset, su hermano y otras seis personas vinculadas al Grupo Zed, empresa creadora de videojuegos de éxito como Commandos, películas como Planet 51 y aplicaciones para móvil. Además, un total de 19 personas están siendo investigadas.
La Fiscalía sospecha que el fraude de la compañía podría superar los seis millones de euros. Las subvenciones fueron concedidas en su mayor parte por el Ministerio de Industria a Zed Worldwide y fueron después desviadas a otras compañías de manera fraudulenta. El Ministerio Público atribuye a los investigados los delitos de fraude en las subvenciones, insolvencia punible, falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros.
En el caso del presidente de La Razón, la Fiscalía Anticorrupción investiga a Casals por mediar supuestamente ante el Gobierno entre 2010 y 2015 para la obtención de concesión de ayudas y créditos blandos a la innovación tecnológica a favor de Zed Worldwide, gestiones por las que cobró comisiones de más de dos millones de euros.
La empresa se declaró en concurso de acreedores hace un año con un pasivo de unos 200 millones de euros después de haber llegado a tener unos ingresos consolidados de 388 millones de euros en 2013. Los investigadores señalan directamente a Dolset como responsable del vaciamiento de la compañía y del desvío de fondos a empresas familiares, propiciando así su cierre por discrepancias con el resto de los socios.
La trama focalizada en el Grupo Zed llevaba a empresas a situación de concurso de acreedores, poniendo en gran perjuicio a pequeños accionistas, según los investigadores. A los investigados se les imputan delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude en subvenciones, coacciones, falsedad documental y tráfico de influencias.
El grupo Planeta, editor de La Razón, fue uno de los principales accionistas de Zed, según los datos del Registro Mercantil, que muestran que Planeta llegó a poseer el 43% de Zed a finales de 2015.
Tanto Casals como el director de La Razón, Francisco Marhuenda, aparecieron ante el foco mediático recientemente en el marco de la ‘operación Lezo’ imputados por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la que habrían coaccionado para que denunciara las irregularidades en el Canal de Isabel II. La causa fue finalmente archivada por el juez Eloy Velasco después de que Cifuentes negara las coacciones. (Postdigital/Agencias)
