
Cristina de Borbón no ha conseguido librarse del banquillo del caso Nóos a pesar de los esfuerzos tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado para que le fuera aplicada la doctrina Botín, llegando incluso la abogada del Estado Dolores Ripoll a asegurar que “Hacienda somos todos” no es más que un lema publicitario que no debía aplicarse en este caso.
Así lo ha decidido hoy la Audiencia de Palma, que juzgará a la infanta Cristina en el juicio del caso Nóos por cooperación con su marido, Iñaki Urdangarin, en la comisión de dos delitos fiscales, tal y como sostiene la única acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias.
De este modo, Cristina de Borbón se sentará en el banquillo junto a los demás acusados el próximo día 9 de febrero, cuando se retomará la vista oral con la declaración de estos, empezando por el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis “Pepote” Ballester.
Un delito que daña un bien colectivo
En un auto dictado hoy, el tribunal ha decidido no aplicar la Botín (que considera que si los perjudicados no ejercen la acusación –en este caso la propia Agencia Tributaria– y tampoco lo hace la Fiscalía, entonces tampoco lo puede hacer la acusación popular) porque estima que “ni el bien jurídico protegido es en exclusiva del Erario Público ni, en su consecuencia, que exista un único, concreto y determinado perjudicado encarnado por la Hacienda Pública Estatal”.
“De modo que, aún siendo la Abogacía del Estado la titular del derecho al ejercicio de la acción en defensa de dicho organismo estatal- de acuerdo con las previsiones legales establecidas-, su personación en el acto de juicio oral no colma, como adelantábamos, la protección total del desvalor de la acción”, explica el auto.
Así, la Audiencia de Palma considera que el delito contra Hacienda es de naturaleza “difusa” y daña un bien colectivo, por lo que la Agencia Tributaria no es el “único perjudicado” y cabe una acusación popular, desestimando la petición del abogado de la infanta, Jesús silva, de que se anulara parcialmente el auto de apertura de juicio oral y se archivara el caso, como apoyaban también la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado.
Una vez resueltas las cuestiones previas, el juicio del caso Nóos continuará el 9 de febrero, en el que declararán alrededor de 370 testigos entre el 8 de marzo y el 17 de mayo, según el organigrama inicial planteado por el tribunal.