La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha emitido un duro comunicado en el que denuncia que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “se ha convertido en un mero instrumento al servicio del poder político”, según su negativo balance de este último año de gestión del órganismo.
Según los magistrados, el modelo institucional ha sido diseñado desde el poder político “con la finalidad de controlar la judicatura en una etapa de conflicto social y en la que se investigan numerosos casos de corrupción».
JpD considera que el órgano de gobierno del Poder Judicial en España tiene mermada seriamente su independencia, con una composición de jueces elegidos a través de un reparto de cuotas entre los principales partidos políticos, y “tras una reforma legal que redujo al máximo sus competencias” y “ha favorecido el creciente presidencialismo del presidente, Carlos Lesmes, en detrimento de la democracia interna” del organismo.
Para JpD, la “notoria proximidad” de Lesmes al poder político es la responsable de la carencia de medios en los juzgados y tribunales para ejercer su labor y explica “actuaciones poco comprensibles” como la de favorecer que el juez Pablo Ruz sea apartado de los casos de corrupción que instruye. “Esa indisimulada cercanía política explica silencios clamorosos del CGPJ en momentos en los que los integrantes del poder judicial han sido atacados en su independencia”.
La asociación critica también la creación del nuevo órgano llamado Promotor de la Acción Disciplinaria, “que se ha mostrado muy activo en el control ideológico de la judicatura” coartando la libertad de expresión de los jueces para que no puedan denunciar su falta de independencia, así como los nombramientos de nuevos cargos injustificados “sin una motivación adecuada del mérito y la capacidad” por la simple “voluntad casi absoluta” de Carlos Lesmes.
Este “progresivo presidencialismo del CGPJ resulta contrario al carácter democrático, plural y colegiado que establece el texto constitucional”, expresan desde JpD, y alertan de que la situación “se va a agravar” debido a “la intención de Carlos Lesmes de no modificar la comisión del CGPJ, en la que ha podido concentrar todo su poder”.
Desde la asociación consideran muy negativo el balance de este primer año de gestión y reclaman “un CGPJ que ejerza de verdad sus funciones constitucionales en defensa de la división de poderes y de la independencia judicial, y que sea capaz de actuar para exigir los recursos que necesitan nuestros órganos judiciales para tutelar los derechos fundamentales de la ciudadanía y para prestar un servicio público”.
