La ley de memoria democrática saldrá adelante con el apoyo de EH Bildu, tras pactar varias enmiendas con el Gobierno de PSOE y Unidos Podemos, como la ampliación del plazo de 1978 a 1983 para poder examinar más casos, y a pesar de que aún no se ha llegado a un acuerdo con ERC.
La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, anunció en rueda de prensa que se había llegado a un acuerdo con el Gobierno para prorrogar la ley de memoria democrática y, entre otras cosas, aumentar su plazo de vigencia de 1978 a 1983, subrayando que «las consecuencias del franquismo han persistido» en el tiempo y «esto debería haberse reflejado».
Las víctimas de violaciones de los derechos humanos serán reconocidas hasta 1983.
Como señaló Aizpurua, Bildu acordó con los grupos gubernamentales que la ley reconociera a las víctimas de violaciones de derechos humanos hasta 1983. Esto incluiría a los que sufrieron torturas o fueron sometidos a la llamada «guerra sucia» contra ETA durante los cinco años siguientes a la aprobación de la Constitución, y podría abarcar el GAL en el primer año de gobierno de Felipe González -que llegó al poder en octubre de 1982-. También tiene previsto declarar «ilegales» los tribunales creados por el régimen de Franco.
En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Aizpurua se congratuló de un pacto que, según dijo, servirá para mejorar y hacer «más ambiciosa» la legislación sobre memoria histórica que sustituirá a la vigente desde 2007.
La cárcel de Franco en Pamplona, un lugar de memoria
Bildu también se refirió al acuerdo sobre otras dos enmiendas alcanzado con el PSOE y Unidos Podemos. El primero prevé que el Fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, utilizado como prisión durante el franquismo, sea declarado Lugar de la Memoria en el plazo de un año; y el segundo, la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián.
Este edificio fue la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias de Francisco Franco en la ciudad, luego la residencia del gobernador civil de Guipúzcoa y el lugar donde fueron torturados José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.
Asimismo, ha explicado que gracias a una enmienda pactada con Bildu, la nueva ley garantiza la creación de una comisión de expertos independiente que estudiará y elaborará un informe de conclusiones sobre «el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura franquista, recibiendo testimonios, información y recopilando documentos».
Otro de los pactos que la coalición nacionalista vasca ha firmado con los grupos del Gobierno incluye la declaración «explícita» en la ley de la «ilegalidad e ilegitimidad» de los tribunales franquistas creados tras el golpe de Estado de 1936, así como «la nulidad de todas sus resoluciones y sentencias».
El acuerdo permitirá al PSOE y a Podemos acercarse a la mayoría suficiente para aprobar la Ley de Memoria Democrática, pese a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos y a la falta de acuerdo con Esquerra. Otros socios parlamentarios del Gobierno, como PNV, Más País y Compromís, están a favor.
