“Una aberración jurídica” es como califica la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) a la nueva ‘ley Mordaza’ de Cristina Cifuentes para la Comunidad de Madrid, según la cual se podrán imponer multas de hasta 45.000 euros por mensajes en las redes sociales que la Administración regional considere como insultos.
