La polémica Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, cumple cuatro años y ahí sigue pese a estar abocada al fracaso. Las elecciones del 28A han frustrado una reforma que los grupos parlamentarios tenían muy avanzada y hasta consensuada.
El 26 de marzo de 2015, con toda la oposición en contra, el PP sacaba adelante el proyecto estrella del que entonces era el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz quien, pese a afanarse en explicar que la norma había sido suavizada respecto al borrador, no consiguió impedir que la ley recibiera el sobrenombre de «mordaza» o «represiva».
Sucesora de la ley Corcuera o de la patada en la puerta de 1992, la nueva normativa que entró en vigor en julio de ese año asumió lo que hasta ese momento figuraban como faltas en el Código Penal, de forma que determinadas conductas se convertían en infracciones administrativas con multas desde los 100 a los 600.000 euros en función de la gravedad.
8 millones de euros recaudados por desobediencia a la autoridad
Así, por ejemplo, en 2017 -última estadística del Ministerio del Interior- se impusieron 229.932 multas, por las que se recaudaron 135,7 millones de euros. La mayoría, 102,6 millones, por la aplicación del artículo 36.16 que sanciona el consumo o la tenencia ilícita de drogas en lugares, vías, establecimientos o transportes colectivos, así como el abandono de los efectos empleados para ello.
Muy por detrás, con 13.033 multas por un valor de 8 millones de euros, fue castigada la desobediencia o resistencia a la autoridad, la negativa a identificarse o la alegación de datos falsos o inexactos contemplada en el artículo 36.6 de la ley.
Pero no son estas conductas las que encontraron las críticas más fuertes, sino las derivadas de las celebraciones de manifestaciones que, en opinión entonces de los partidos de la oposición y de plataformas ciudadanas como No Somos delito, cercenaban derechos fundamentales.
Mayor polémica si cabe despertó la legalización a través de esta ley de las denominadas «devoluciones en caliente» o rechazos en frontera, una disposición recurrida en el Tribunal Constitucional.
Ni derogación ni reforma, a pesar del consenso
Con este panorama, apenas un año después de su aprobación y tras no renovar el PP su mayoría absoluta en las elecciones del 20 de diciembre de 2015, el Congreso inició en abril de 2016 el anunciado entierro de la ley mordaza, un sepelio lento porque la reforma -finalmente se optó por retocar y no derogar- se activó en septiembre de 2017.
Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de octubre cuando echó a andar la ponencia de la que saldrían las modificaciones. Cuatro meses después y escuchados catorce comparecientes, con la convocatoria del 28A y disueltas las Cortes los grupos celebraron hace un mes la ultima reunión para dar carpetazo a sus propuestas.
Los portavoces de PSOE, PP, Unidos Podemos y Ciudadanos coinciden en que los trabajos estaban muy avanzados y que solo restaban dos o tres reuniones para presentar un dictamen.
«Ha sido una oportunidad perdida, se han frustrado las legítimas expectativas ciudadanas de conseguir una ley de seguridad moderna, democrática y respetuosa», lamenta en declaraciones a Efe el diputado de Unidos Podemos Eduardo Santos, quien reprocha a PP y Ciudadanos el «bloqueo» para que la reforma no llegara a su fin y al PSOE que no la haya impulsado decididamente hasta que no ha estado en la Moncloa.
Frente a estos argumentos el PP, que asume que se mejore el texto, no comparte el diagnóstico de los otros tres partidos. «No se ha puesto la mordaza a nadie», deja claro el diputado del PP José Alberto Martín Toledano.
Como muestra recuerda que el día de la investidura de Mariano Rajoy cientos de personas se concentraron frente al Congreso o cómo medios de comunicación y ciudadanos anónimos han grabado actuaciones policiales sin problema estos últimos días en el barrio de Vallecas.
«El PSOE ha sido más sensato desde el Gobierno que desde la oposición. Esperemos que estos trabajos puedan servir de base», dice Martín-Toledano antes de apuntar que los cambios que se habían planteado en la ponencia no eran «revolucionarios» ni daban en absoluto un giro a la ley.
Desde el PSOE, también el portavoz en la Comisión de Interior, David Serrada, confía en que en la siguiente legislatura inicie «desde el minuto uno» los trabajos de nuevo.
Continuidad del proceso en la próxima legislatura
Con todo, Serrada recuerda a Efe que en febrero el Ministerio del Interior dio «un paso importante» con la redacción de una instrucción a las fuerzas de seguridad para unificar criterios en la práctica de determinadas diligencias como los cacheos, y en la interpretación de una de las infracciones más cuestionadas como es la toma de imágenes de los agentes.
Interior deja claro que la mera toma de imágenes o tratamiento de datos de los agentes no supondrá una infracción si no representa un riesgo o peligro para ellos o sus familias, en sintonía con uno de los acuerdos que alcanzaron los grupos en la ponencia.
«Me gustaría pensar que el esfuerzo no ha sido baldío y que el trabajo realizado será un punto de inicio en la próxima legislatura», explica a Efe el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, para quien la reforma de la ley debería ser «sin duda» prioritaria para el gobierno que salega de las urnas del 28A.
De hecho, avanza que si es su partido quien gobierna llevará de inmediato al Congreso un proyecto de ley basado en el consenso logrado en la ponencia.
Laura Camacho (EFE)
