El Ministerio del Interior ha sido denunciado públicamente este miércoles por el grupo parlamentario de IULV-CA por la supuesta existencia de una “lista negra”.
En dicha lista aparecen los datos personales (nombre, apellidos, dirección y DNI) de miembros de la formación que participaron en una manifestación en Córdoba el pasado mes de febrero y entre los que se encuentran la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, el senador de IU José Manuel Mariscal, o la portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento, Alba Doblas.
Documentos oficiales acreditan esta situación
La propia Alba Doblas ha apuntado que este martes había llegado a sus manos un documento del Ministerio del Interior, en el que aparecen los nombres y datos personales de determinadas personas que acudieron a una manifestación en apoyo a los estudiantes de Valencia, algunas sancionadas por su participación, pero otras “ni siquera identificadas ni sancionadas”, como es el caso de estos tres dirigentes de IULV-CA. Este documento, que se ha mostrado durante la rueda de prensa, fue entregado a un particular que se personó en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba para consultar las posibles sanciones por su participación en dicha movilización, según ha explicado Doblas. Resaltaba la propia Doblas el hecho de que cualquiera puede acceder a un expediente con datos personales e incluso llevarse una copia del mismo.
La diputada de IULV-CA, ha denunciado “una persecución política” a los miembros de esta formación desde que el acceso al Gobierno Central del PP accedió al poder. Tanto Alba Doblas como Cortés y Mariscal van a presentar en los próximos días una denuncia a la Agencia de Protección de Datos, ante la “vulneración” de derechos “elementales”, como el de la intimidad y el honor de las personas.
Considerados como activistas peligrosos
“El Ministerio del Interior considera como activistas peligrosos a miembros del Gobierno andaluz y de IULV-CA por ir a una manifestación en defensa de estudiantes”, ha destacado Doblas, quien ha dicho tener conocimiento de que estas “listas negras” no sólo se han realizado en Córdoba, sino también en otras provincias como Málaga.
