La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas: Acciona Construcción, S.A. (29,4 millones de euros), Dragados, S.A. (57,1 millones de euros), FCC Construcción (40,4 millones de euros), Ferrovial Construcción (38,5 millones de euros), Obrascón Huarte Lain, S.A. (21,5 millones de euros) y Sacyr Construcción, S.A. (16,7 millones de euros) por la alteración de miles de concursos públicos de construcción civil y obras de infraestructura durante 25 años. Entre los contratos en los que Competencia encontró prácticas colusorias se encuentran al menos dos licitaciones desarrolladas en territorio asturiano: el contrato de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Navia-Coaña, con un coste aproximado de 7,7 millones de euros, y las obras de renovación del puerto interior de Llanes, contratadas por 4,7 millones de euros en 2009.
Desde 1992, el «Grupo» (como denomina la CNMC al cártel de empresas constructoras) se reúne semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública publicadas en las distintas plataformas de contratación del Estado. Durante las reuniones, las empresas decidieron los concursos en los que se repartirían (entre todas o en un subgrupo) algunos o todos los trabajos que conformarían las ofertas técnicas de los concursos. El trabajo fue encargado conjuntamente por los miembros del grupo a empresas externas.
Las empresas no podían modificar el trabajo generado conjuntamente para sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación de los demás miembros del grupo. La única personalización permitida fue la inclusión de los logotipos y nombres de las empresas individuales en el documento conjunto, para dar a las administraciones una apariencia de independencia al presentar sus ofertas. Las empresas desarrollaron complejas normas de funcionamiento que evolucionaron a lo largo de la conducta. Además, durante las reuniones semanales, las empresas intercambiaban información comercialmente sensible (aparte de la necesaria para compartir el trabajo), como por ejemplo si tenían o no intención de participar en licitaciones, o si tenían o no intención de formar UTEs (Uniones Temporales de Empresas) y qué miembros serían.
La CNMC publicó una «lista no exhaustiva» de contratos en los que habría maniobrado «el Grupo», que incluiría, entre otros muchos, los dos desarrollados en suelo asturiano. El informe sobre la competencia también hace referencia a dos actuaciones en el aeropuerto de Asturias. En el contrato para la «Regeneración de la pista de aterrizaje, las pistas T1 y T2 y la adaptación de las pistas. Aeropuerto de Asturias’, contratado en 2016 por AENA, la CNMC incluye un correo electrónico de Ferrovial al resto de empresas del cártel informando de que no participará en el concurso público: «Os confirmo que Ferrovial Agromán finalmente NO ESTÁ INTERESADA (no licitamos) en ninguna obra», reza literalmente el mensaje recogido por Competencia.
Las prácticas del cártel supuestamente se prolongaron en el tiempo hasta 2017, cuando las empresas decidieron poner fin a sus acuerdos. Prácticas reiteradas cuyos efectos, según la CNMC, «fueron especialmente perjudiciales para la sociedad, ya que afectaron a miles de licitaciones convocadas por las Administraciones Públicas españolas para la construcción y realización de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc». «Los acuerdos colusorios sancionados se tradujeron en una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la administración contratante», señala la Comisión, que también subraya que la conducta «también repercutió en las empresas competidoras, que concurrieron a los concursos públicos en desventaja competitiva frente a las empresas del Grupo, teniendo que soportar un mayor coste por la elaboración de las propuestas técnicas.»
Las multas se distribuirán de la siguiente manera: Acciona Construcción, S.A. (29,4 millones), Dragados, S.A. (57,1 millones), FCC Construcción, S.A. (40,4 millones), Ferrovial Construcción, S.A. (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain, S.A. (21,5 millones) y Sacyr Construcción, S.A. (16,7 millones). Competencia, por su parte, también declaró que sus procedimientos contra Lantania, S.A. estaban cerrados. Las empresas constructoras sancionadas pueden presentar un recurso administrativo ante la Audiencia Nacional contra las resoluciones de la CNMC.
