Recusación contra el nuevo juez de la ‘caja B’ del PP por su “amistad manifiesta” con el partido tras el polémico cambiazo de magistrados en la causa

La reciente alteración de la composición del tribunal que juzgará la ‘caja B’ del PP, dando lugar al cambio que aparta a los jueces que llamaron a Rajoy a declarar sustituyéndolos por otros más afines al partido, no solo ha generado polémica por proceder de una modificación normativa impulsada por la nueva presidenta de la Audiencia Nacional –la jueza Concepción Espejel que fuera apartada anteriormente del ‘caso Gürtel’ por su afinidad al Partido Popular– sino que ya tiene una respuesta en los tribunales por parte de la acusación popular en la causa.

“Y todo ello teniendo como nexo común que los tres magistrados fueron designados por el Partido Popular como vocales del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) y que los tres magistrados fueron promocionados o condecorados por el Gobierno de Mariano Rajoy (acuerdos de Consejo de Ministros de nombramiento para el Tribunal Constitucional, Gran Cruz San Raimundo Peñafort y juez de enlace en Paris), a la sazón también presidente del Partido Popular”.

“Las nuevas normas aprobadas de forma sorpresiva por la Audiencia Nacional obligaron a un cambio sustancial en la composición de la Sala que debía encargarse de este asunto”, que integraban los mismos magistrados que habían compuesto el tribunal que enjuició la pieza principal de la ‘trama Gürtel’, es decir, Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, recalca la acusación popular.

En el escrito registrado este martes, se formula el incidente de recusación contra González González apuntando que “existen dudas más que razonables sobre la parcialidad” del magistrado “en cuanto adeuda gran parte de su carrera profesional al apoyo expreso del partido político, cuyos tesoreros y cuya contabilidad opaca se debe enjuiciar”.

Además del puesto de vocal del máximo órgano de gobierno de los jueces a propuesta del PP, se expone también que este mismo magistrado, en 2012, “fue nombrado por el Gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, como juez de enlace en París. Además de ser el Partido Popular una persona jurídica considerada responsable civil subsidiaria o partícipe a título lucrativo por las conductas criminales investigadas, se da la circunstancia de que el Sr. Rajoy Brey aparece en reiteradas ocasiones en las declaraciones obrantes en las actuaciones -incluidas las efectuadas por prominentes personas vinculadas al Partido Popular- como conocedor de al menos parte de la conductas criminales investigadas”.

“Asimismo -se argumenta-, el Sr. Mariano Rajoy está propuesto por las partes para que declaré en el juicio oral en calidad de testigo (su persona ha sido nombrada en diversas declaraciones en fase de instrucción, al igual que en la contabilidad elaborada por Luis Bárcenas aparece diversas apuntes con la indicaciones de M. Rajoy o Mariano), citación como testigo que notoriamente tiene una gran transcendencia, por lo que la designación de un magistrado que debe decidir sobre dicha cuestión no fortalece la apariencia de imparcialidad del tribunal”.

Esta imparcialidad del tribunal se resiente también si se tiene en cuenta que “en el marco de la investigación seguida por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 en las DP 91/2016 (por el denominado ‘caso Lezo’) se han intervenido diversas conversaciones en las que se relaciona a diversos miembros del Gobierno de Mariano Rajoy interfiriendo en los asuntos seguidos en diferentes tribunales”.

El escrito de recusación del magistrado Juan Pablo González González que promueve la acusación popular formada por Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados (ALA) y la Asociación CODA-Ecologistas en Acción advierte también del “quebrantamiento de la imparcialidad subjetiva” y especifica que “incluso las apariencias pueden ser importantes. Lo que está en juego es la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben de ofrecer a los que acuden a ellos”.

“Por consiguiente -agregan sus promotores-, de cualquier juez de quien se puede temer legítimamente la falta de imparcialidad debe ser recusado”, ya que “la finalidad de la institución jurídica de la recusación es que el juez no sólo ha de ser justo, sino parecerlo, puesto que la justicia no sólo es un valor en sí misma, sino una estimación personal que provoca en aquellos que la demanda una plena adhesión espiritual a sus determinaciones o, al menos, con las condiciones en que aquella se produjo”.