El novedoso paso que la Comunidad de Navarra había dado hacia la tributación de la Iglesia Católica por sus propiedades inmuebles ha sido finalmente echado por tierra por el Tribunal Constitucional.
El pleno del Parlamento de Navarra aprobó el pasado mes de febrero una modificación de la Ley de Haciendas Locales, según la cual tanto la Iglesia Católica como el resto de confesiones religiosas presentes en su territorio debían tributar por la propiedad de sus edificios y terrenos no destinados al culto el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), como cualquier otro propietario en el Estado español.
La ley foral, surgida de una propuesta presentada por los partidos PSN-PSOE e I-E y aprobada con los votos en contra de UPN y el Partido Popular de Navarra, fue cuestionada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, lo que condujo a que el 5 de julio pasado el Consejo de Ministros acordara interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la ley local.