El Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas ha establecido que España «no ha actuado con la debida urgencia y celeridad», ni asegurado una política de Estado en esta materia, de acuerdo a un informe presentado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos.
En el informe, el Grupo de Trabajo critica que “hasta la fecha el Estado español no ha actuado con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas” y pide al Gobierno de Mariano Rajoy proporcionar «mayor apoyo institucional y financiero a los familiares», en particular en relación a la localización e identificación de personas previstas en la Ley de Memoria Histórica.
En otro pasaje de su informe, el Grupo de Trabajo reconoce positivamente la información sobre las reformas a la «prisión incomunicada» y, sobre todo, a la inexistencia de detenidos en esta condición en 2015 y 2016.
Sin embargo, le preocupa «el mantenimiento legal de la incomunicación por hasta diez días», por contravenir distintas garantías del proceso penal y aumentar el riesgo de que ocurran prácticas ilegales, incluida la desaparición forzada.
Sobre su informe, el Grupo de Trabajo invita al Gobierno español a que en un plazo de 90 días le transmita un cronograma actualizado de las medidas que aplicará para cumplir sus recomendaciones pendientes. (Postdigital/Agencias)
