El Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas ha establecido que España «no ha actuado con la debida urgencia y celeridad», ni asegurado una política de Estado en esta materia, de acuerdo a un informe presentado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos.
El informe, que contiene información sobre el delito de desaparición forzada en el mundo, señala que los familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil española y la dictadura «están librados a su propia suerte» y “lamenta observar los pocos avances en la implementación de las recomendaciones realizadas posteriormente a su visita en septiembre de 2013”, cuando el grupo de expertos de la ONU visitó España.
El texto recoge una larga lista de incumplimientos del Gobierno del PP y de medidas insuficientes e indica que resulta “especialmente preocupante constatar que la mayoría de recomendaciones» que hicieron en el pasado para garantizar que los familiares de personas desaparecidas en esos dos periodos pudiesen investigar la suerte y el paradero de sus seres queridos «no han sido plenamente implementadas».
El órgano de la ONU señala en su informe que la reforma del Código Penal en lo relativo a las desapariciones forzadas fue limitada, y entiende que la tipificación de ese delito no es plenamente compatible con la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, al tiempo que omite características típicas de estas situaciones, como la negación de la información sobre el paradero de la víctimas. Y tampoco establece la responsabilidad de los superiores jerárquicos del autor, sostiene la ONU.
En el informe, el Grupo de Trabajo critica que “hasta la fecha el Estado español no ha actuado con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas” y pide al Gobierno de Mariano Rajoy proporcionar «mayor apoyo institucional y financiero a los familiares», en particular en relación a la localización e identificación de personas previstas en la Ley de Memoria Histórica.
Tales tareas -agrega el órgano- «no pueden depender exclusivamente de los familiares, sino que deben ser asumidas como una obligación de Estado».
Asimismo, la instancia de derechos humanos insiste -en la línea de recomendaciones pasadas- en que el Estado español asuma un «rol activo» en las exhumaciones e identificación de restos, y que esto no dependa exclusivamente de algunas comunidades autónomas, asociaciones privadas o particulares.
De forma categórica, el informe sostiene que los familiares de los desaparecidos tienen el «derecho absoluto» a conocer la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos, lo que es una «obligación» que el Estado español «debería satisfacer de acuerdo al derecho internacional».
En otro pasaje de su informe, el Grupo de Trabajo reconoce positivamente la información sobre las reformas a la «prisión incomunicada» y, sobre todo, a la inexistencia de detenidos en esta condición en 2015 y 2016.
Sin embargo, le preocupa «el mantenimiento legal de la incomunicación por hasta diez días», por contravenir distintas garantías del proceso penal y aumentar el riesgo de que ocurran prácticas ilegales, incluida la desaparición forzada.
Sobre su informe, el Grupo de Trabajo invita al Gobierno español a que en un plazo de 90 días le transmita un cronograma actualizado de las medidas que aplicará para cumplir sus recomendaciones pendientes. (Postdigital/Agencias)
