La reciente derogación en el Congreso de los Diputados del decreto ley que permitía prorrogar los contratos de alquiler ha generado una respuesta inmediata en el tejido social. Los colectivos de vivienda, liderados por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y el Sindicat de Llogateres, han denunciado que las medidas temporales se han demostrado insuficientes y han anunciado un calendario de protestas bajo la premisa de que los parches ya no son una solución válida para el problema habitacional.
Un millón de hogares afectados por el fin de la prórroga
La caída de la norma, que contaba con la oposición del Partido Popular, Vox y Junts, deja sin el blindaje de la prórroga extraordinaria de dos años a cerca de un millón de contratos que expiran entre 2026 y 2027. Según las estimaciones del sector, esto afecta a unos 2,68 millones de personas que ahora se enfrentan a subidas de renta sin los límites que establecía el decreto, el cual también mantenía el tope del 2% en las actualizaciones anuales.
Ante esta situación, el Sindicato de Inquilinas ha convocado una manifestación masiva en Madrid para el próximo 24 de mayo. La organización busca repetir el éxito de convocatorias anteriores para exigir una bajada real de los precios y el fin del rentismo especulativo. Desde el sindicato catalán se ha ido un paso más allá, planteando la organización de una huelga general de alquileres como medida de presión ante la inacción de las administraciones.
Exigencias contra la especulación
Los movimientos sociales reclaman un plan de contingencia que incluya:
Contratos de arrendamiento de carácter indefinido.
Recuperación inmediata de la moratoria antidesahucios.
Control efectivo de precios en todas las zonas tensionadas.
Uso de los derechos de tanteo y retracto para ampliar el parque de vivienda pública.
La derogación del decreto abre un escenario de incertidumbre jurídica, especialmente para aquellos inquilinos que ya habían enviado el burofax para acogerse a la prórroga mientras la ley estaba vigente. Mientras el Ministerio de Derechos Sociales defiende que la protección de los ciudadanos debe ser la prioridad nacional, los sindicatos advierten que la calle volverá a ser el escenario principal de la lucha por el derecho a la vivienda si no se aplican medidas estructurales.
