Cinco de los detenidos tras la manifestación del pasado 14 de diciembre contra la ‘Ley Mordaza’ han recibido una orden de alejamiento que les prohíbe acercarse al edificio del Congreso de los Diputados a una distancia inferior a 500 metros.
La decisión ha sido tomada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid como medida cautelar después de que la Fiscalía solicitara para los detenidos la prohibición de acercarse a la Cámara a una distancia de 1.000 metros. La reducción del diámetro con respecto a la petición del Ministerio Fiscal se debe, según el auto judicial fechado el 20 de diciembre, a la consideración del juez de que la distancia de 1.000 metros “restringiría en exceso las posibilidades deambulatorias de los afectados.
Aun así, la orden de alejamiento impide a los acusados transitar por buena parte del centro de Madrid que incluye un tramo del Paseo del Prado, de la Calle Alcalá o la zona de Huertas.
Los afectados forman parte de la segunda oleada de detenciones que tuvo lugar el pasado jueves –al margen de las otras siete ya realizadas el mismo sábado de la manifestación– en la que siete de los detenidos fueron dos menores de edad, quienes han pasado a la Fiscalía de Menores.
Los cinco detenidos mayores de edad residen fuera del término municipal de Madrid, pero uno de ellos necesita acudir a su centro educativo en el barrio de la Latina, y han sido acusados de un delito contra los agentes de la autoridad, de lesiones, desórdenes públicos y daños durante los disturbios que prosiguieron al fin de la protesta pacífica.
Según los informes policiales, se produjeron daños en el mobiliario urbano por un importe superior a 15.000 euros, a pesar del fuerte despliegue policial que ordenó la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Los daños en el mobiliario urbano se refieren a contenedores, papeleras o señalización viaria, entre otros, de los que se hace responsables a los detenidos.
En el auto judicial se indica que los acusados “reconocieron su intervención en la protesta” durante su declaración en el juzgado y que existen “reconocimientos fotográficos” de su presencia en la manifestación. Para adoptar esta medida, el juez considera que estas pruebas son suficientes y que basta un “indicio razonable de la existencia del hecho punible y de la intervención” de los detenidos.
El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana impulsado por el Gobierno del Partido Popular ha recibido el rechazo de la mayor parte de la sociedad española, entre ciudadanos, sindicatos, movimientos sociales o asociaciones profesionales de jueces y fiscales, así como duras críticas desde diferentes organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional o la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea.
