Aquellos que empiecen a cobrar su pensión en los 10 primeros años desde que entre en vigor el decreto del Gobierno, es decir, entre 2019 y 2029, verán descender la remuneración por sus años de trabajo en un 5,8% con respecto a lo que cobrarían si se jubilaran ahora, y esa pérdida de poder adquisitivo se irá incrementando con las sucesivas décadas.
Dado que Olli Rehn, el responsable económico de la Comisión Europea, insta a España desde hace meses para que rebaje las pensiones públicas cuanto antes, el Gobierno creó un comité de doce «expertos» que propusiera cómo asegurar la «sostenibilidad» de las pensiones, considerando que, si la esperanza de vida continuaba alargándose, el dinero total correspondiente a la jubilación de una persona debía dividirse entre la cantidad de años que le restaran por vivir, disminuyendo así la cuantía percibida por cada año. Ese mismo comité fue el que ya propuso retrasar la jubilación a los 67 años, así como calcular las pensiones y su actualización al margen de la evolución de los precios.
