Aquellos que empiecen a cobrar su pensión en los 10 primeros años desde que entre en vigor el decreto del Gobierno, es decir, entre 2019 y 2029, verán descender la remuneración por sus años de trabajo en un 5,8% con respecto a lo que cobrarían si se jubilaran ahora, y esa pérdida de poder adquisitivo se irá incrementando con las sucesivas décadas.
Dado que Olli Rehn, el responsable económico de la Comisión Europea, insta a España desde hace meses para que rebaje las pensiones públicas cuanto antes, el Gobierno creó un comité de doce «expertos» que propusiera cómo asegurar la «sostenibilidad» de las pensiones, considerando que, si la esperanza de vida continuaba alargándose, el dinero total correspondiente a la jubilación de una persona debía dividirse entre la cantidad de años que le restaran por vivir, disminuyendo así la cuantía percibida por cada año. Ese mismo comité fue el que ya propuso retrasar la jubilación a los 67 años, así como calcular las pensiones y su actualización al margen de la evolución de los precios.
Según Eurostat (la agencia estadística de la Unión Europea), el sistema español de pensiones es ya de los más baratos de Europa. El último dato disponible, de 2010, indica que el gasto español en pensiones fue de tan sólo 1.862 euros por habitante, un 10,7% del Producto Interior Bruto (PIB), situándose muy por debajo del gasto medio de la UE, que se encuentra en 2.769 euros, un 13% del PIB. Por comparativa con los países del entorno, el gasto español en pensiones resulta ser aproximadamente la mitad que el de estos, ya que, por ejemplo, Francia gasta 3.658 euros por habitante (14,4% del PIB), Alemania dedica 3.421 euros (12,8% del PIB) e Italia 3.295 euros (16% del PIB). Pero en España el fondo de pensiones ha disminuido un 25% en los últimos años y el Gobierno se propone reducirlo aún otro 25% más.
Para el Ministerio de Hacienda, el problema de la «sostenibilidad de las pensiones» queda solventado con la aplicación del coeficiente corrector ligado a la esperanza de vida, aunque sus propios técnicos alertan de que podría acarrear un mal mayor, el de generar grandes grupos poblacionales en situaciones de mucha pobreza. Es por este motivo que desde el Ministerio de Empleo se ha optado por retrasar el inicio del problema hasta el 2019, año en el que entrará en vigor la inclusión del «factor corrector», de manera que, según Fátima Báñez, quienes vayan a jubilarse en los cinco años posteriores tengan tiempo para ir asumiendo el recorte en su pensión y «se anticipen» con soluciones como, por ejemplo, «compatibilizar durante un tiempo pensión y empleo».
El Instituto de Estudios Fiscales estima que disminuciones en torno al 6% se irán sucediendo en las décadas posteriores en las que seguirá imponiéndose el factor de sostenibilidad aplicado por el Gobierno de Rajoy, lo que, dicho de otro modo, significa que, pasada la barrera del 2050, los nuevos jubilados recibirán en esa década en torno a un 25% menos de lo que habrían cobrado sin los cambios en el sistema de pensiones.
