El director de Okdiario, Eduardo Inda, se enfrenta a una posible imputación en el marco del ‘caso Villarejo’ para que se investigue el espionaje policial al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la creación de noticias falsas para perjudicar los resultados electorales del partido.
Podemos ha pedido al juez del caso interrogar como investigados Inda y a uno de sus redactores, así como al policía que se entrevistó en Nueva York con un exministro chavista para hablar de la financiación de la formación morada, José Ángel Fuentes Gago, y al que fuera número dos de la Policía, Eugenio Pino, por autorizar ese viaje.
La acusación que ejerce Podemos en esta causa señala que el hallazgo en poder del excomisario José Villarejo de una copia de los datos del móvil sustraído a la asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, «y su utilización por el medio de comunicación OKDiario», parece estar «encuadrado en una presunta orden del gobierno del PP para perjudicar los resultados electorales de Podemos».
La formación morada ha pedido, además, el alzamiento del secreto de la pieza 10 en la que se investigan estos hechos ante la cantidad de información que está apareciendo publicada, considera que ha quedado en evidencia «la presumible colaboración activa para difamar» a Iglesias «entre un grupo de altos mandos del CNP (Cuerpo Nacional de Policía) entre los que figura el Sr. Villarejo Pérez y el medio de comunicación OKDiario».
Así, pide que declaren como investigados Eduardo Inda, el redactor de su periódico Miguel Ángel Ruiz Coll, el que fuera número 2 de la Policía, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, y el inspector jefe José Angel Fuentes Gago.
La defensa de Iglesias ha solicitado en la Audiencia Nacional una batería de diligencias entre las que consta, además de la petición expresa de las imputaciones, que se compruebe el tráfico de llamadas telefónicas entre Inda, Villarejo, Pino y Gago, además de que se geolocalice el destino que tuvo el móvil de su asesora Dina Bousselham entre los días 1 de noviembre de 2015 y 21 de julio de 2016 (fechas entre el día del robo y la publicación), de modo que se pueda averiguar «cómo fue el traslado del mismo a las diversas personas que han tenido acceso a su contenido».
Insta además a adoptar otras medidas, como recabar el testimonio de los políticos venezolanos que habrían servido de fuente para la elaboración del Informe PISA (Pablo Iglesias S.A.), pedir al Ministerio del Interior que entregue cuanta documentación tenga sobre este asunto y la relación de viajes al extranjero de Fuentes Gago en las fechas en que se hizo, y requerir a moncloa.com los audios y a La Vanguardia las notas policiales publicadas por ambos al respecto.
