Prescripción de delito por tardanza en la instrucción de la causa. Así se libra un agente antidisturbios de la Policía Nacional de pagar por agredir, vulnerando el derecho a la información, a dos fotoperiodistas que trabajaban cubriendo una protesta contra la monarquía, a pesar de haber sido hallado culpable por el juez de las agresiones.
Se trata de la concentración convocada en la Plaza Neptuno de Madrid por la Coordinadora 25S bajo el lema “Jaque al Rey”, que tuvo lugar la tarde el 29 de marzo de 2014, una protesta pacífica que pedía la abolición de la monarquía pero que acabó con cargas policiales y detenciones que periodistas de diversos medios de prensa, ejerciendo su trabajo, documentaban aquella tarde.
Los asistentes a la concentración madrileña denunciaban en Twitter cómo los agentes de las UIP les habían forzado a abandonar la plaza dirigiéndoles hacia Atocha, donde fueron retenidos e identificados por la Policía tras, según afirmaban, haber sido golpeados.
Siete periodistas fueron agredidos por la Policía mientras seguían el proceso de la detención policial de uno de los manifestantes, siendo golpeados repetidamente incluso contra el suelo e impidiéndoles realizar su labor.
Los ataques y persecuciones policiales sufridos por el colectivo de la prensa fueron recogidos gráficamente por los propios periodistas agredidos y por los manifestantes con sus dispositivos móviles en numerosos vídeos, como el documento grabado y editado por el videoperiodista Jaime Alekos, que se convirtió en viral en la red social Youtube.
Entre los fotoperiodistas agredidos se encontraban Mario Munuera y Juan Ramón Robles, que “fueron golpeados” por el agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP o antidisturbios) 98.373, según recoge en sus “hechos probados” la sentencia del magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid que, a la par de afirmar que hubo agresión, “declara prescrito” el procedimiento porque la causa “ha estado paralizada” durante ocho meses en la Audiencia Provincial de Madrid, ya que este tipo faltas prescriben, según la ley, a los seis meses.
Según la Comisión Legal Sol, que ha llevado a cabo la acusación particular por las agresiones sufridas por los periodistas, la ralentización de la causa comenzó ya con el incumplimiento de la ley por parte de los agentes antidisturbios, que no llevaban visible el número de identificación profesional o número de placa.
“Hasta tal punto fue evidente la vulneración del derecho a la información, que la propia Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa emitió un comunicado en el que instó al Gobierno a salvaguardar y mejorar la seguridad de los reporteros que cubren las manifestaciones y pidió un investigación”, recuerda la Comisión Sol.
Sin embargo, “lejos de convertirse en un ejemplo de la defensa del derecho a la información por parte de la Administración y del Poder Judicial, se ha convertido en un ejemplo más de cómo distintos factores posibilitan la impunidad, en este caso, de los funcionarios de la UIP, cuando se extralimitan en sus funciones”, señala la comisión del 15M, que relata cómo tanto desde los mandos policiales como desde los juzgados se pusieron palos en las ruedas desde el primer momento para dificultar la identificación de los agentes involucrados en las agresiones y provocar la ralentización de la causa, que dio lugar a que tan solo uno de los agentes fuera reconocido, juzgado y quedado impune.
