La organización de defensa de los consumidores FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la “indolencia” con que el Gobierno ha actuado en el escándalo de Volkswagen le ha costado a España un nuevo tirón de orejas por parte de la Comisión Europea (CE) por no sancionar a la empresa automovilística por el fraude de las emisiones contaminantes, y le podría aun acarrear una importante sanción económica.
La Comisión, que ya abrió expediente en 2016 contra España y otros seis estados miembros de la Unión Europea, ha pedido ahora explicaciones a cinco países, entre ellos España, solicitando mayor información sobre la aplicación de la normativa de la Unión Europea (UE) relativa a la homologación de vehículos. El resto de los países investigados son Alemania, Grecia, Luxemburgo y el Reino Unido.
A la Comisión, las explicaciones ofrecidas hasta el momento por estos cinco países, incluido España, le parecen insuficientes y por esta razón les ha insistido para que «clarifiquen más el motivo por el cual no aplicaron sanciones a los fabricantes de automóviles que utilizaron dispositivos de desactivación prohibidos».
FACUA recuerda que la carta de emplazamiento remitida por la CE a estos cinco países es el primer paso de un procedimiento de infracción que podría llevar, incluso, al país investigado ante el Tribunal de Justiciade la Unión Europea.
Otro fraude a los ciudadanos
FACUA denuncia que la actitud del Gobierno español ante el fraude de los motores diésel de Volkswagen representa “otro fraude al conjunto de usuarios”. La asociación valora positivamente que la Comisión Europea haya iniciado un procedimiento de infracción contra España y otros países por no haber sancionado a la multinacional alemana, pero recuerda que, si finalmente se impone una multa económica de Bruselas a España, quienes harán frente al pago de la misma serán los ciudadanos, “víctimas de la empresa automovilística y de la indolente actitud del Gobierno”.
Según la asociación, el Gobierno ha mostrado una mayor condescendencia hacia la compañía Volkswagen que hacia los ciudadanos, actuando prácticamente en pro de los intereses de la multinacional alemana.
“En lugar de levantar la voz contra las irregularidades y exigir a la empresa el pago de indemnizaciones a los afectados, el Ministerio de Industria adoptó desde el primer momento una postura servil”, llegando incluso a ofrecer a Volkswagen más subvenciones públicas, según ha ido denunciando FACUA.
FACUA representa al mayor colectivo de afectados de toda la UE. Más de 43.000 conductores se han sumado a la plataforma creada por la asociación y de ellos, casi 7.000 han decidido ya personarse a través del equipo jurídico de FACUA en la causa penal en curso, que actualmente se encuentra en fase de instrucción.
La organización informa de que decidió acudir a los tribunales “ante la pasividad de las autoridades”, para exigir responsabilidades penales y reclamar indemnizaciones económicas para los afectados.
