Y es que la ley establece que es razonable entender el honor, la intimidad y la propia imagen según los usos y las ideas que prevalezcan en cada momento en la sociedad y en el propio concepto que cada persona tenga sobre los mismos. Una “relatividad”, según el PP, que otorga a los jueces un “amplio margen de discrecionalidad” a la hora de aplicar la ley.
Es por ello que el Grupo Popular quiere “configurar de manera más precisa” el contenido de estos derechos fundamentales para otorgarles la “debida protección” en un momento en el nos “hallamos inmersos en la denominada sociedad de la información, en la que la creciente presencia de nuevas tecnologías permite la obtención y la difusión de información de manera insólita”, algo que, consideran, constituye “una constante y potencial amenaza” para ámbitos reservados de la vida privada que estarían en “especial peligro”.
Para justificar su propuesta, el PP subraya la “alta litigiosidad” existente entre los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen y otros derechos constitucionalmente protegidos como la libertad de información y la libertad de expresión, que evidenciarían “la indefinición, la falta de complitud y la flexibilidad” de esta norma, que “da cabida a distintas interpretaciones jurisprudenciales sobre un mismo caso”.