El Ministerio de Empleo, dirigido por Fátima Báñez, vuelve a generar polémica por las nuevas medidas incluidas en el llamado “Programa Nacional de Reformas 2014”, enviado por el Gobierno a Bruselas, en el que se anuncia la aprobación de una nueva Ley de Mutuas en línea con la privatización de la Sanidad Pública seguida por el Partido Popular.
El plan del Gobierno del Partido Popular consiste en quitar tareas y competencias a los médicos de familia de la Sanidad pública para que sean las Mutuas de Accidentes de Trabajo las que se encarguen de gestionar las bajas médicas, lo que repercutiría negativamente en el trabajador enfermo, ya que los clientes de las Mutuas son las empresas, a las que buscarán beneficiar.
El texto del Plan indica que “las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social podrán formular propuestas de alta médica de trabajadores de empresas asociadas a la Mutua desde el primer día de baja laboral por enfermedad común”.
Además, Empleo contempla entregar a los médicos de la Sanidad pública unas tablas por las que deberán regirse en relación a la Incapacidad Temporal, en las que figurará la “duración óptima” de la baja laboral según el tipo de enfermedad que se padezca “para orientar la actuación médica teniendo en cuenta no solo la patología diagnosticada, sino también la edad del trabajador y la actividad laboral que realiza”.
La fecha del alta médica también tendrá que ser especificada desde la primera consulta para las bajas médicas de procesos de corta duración (no más de cinco días), lo que dejará fuera el trabajo de seguimiento del médico de familia para valorar si el paciente está ya o no en condiciones de volver al trabajo, algo que podrán decidir las Mutuas.
Según el Ministerio de Empleo, “las nuevas facultades de las Mutuas en materia de incapacidad temporal por contingencias comunes” supondrán un “ahorro de prestaciones de la Seguridad Social y el gasto sanitario, y mejorará la productividad de las empresas, reduciendo el absentismo laboral injustificado”.
Con la aprobación de estas medidas, incluidas en el “Real Decreto de gestión de control de los procesos de incapacidad temporal” y el “Anteproyecto de Ley de Mutuas de la Seguridad Social”, el Gobierno pretende ahorrar 227 millones de euros, aunque no existen evidencias de que se pueda producir tal ahorro con la gestión de las contingencias comunes.
Desde los colectivos médicos de Atención Primaria critican esta pérdida de competencias de los médicos de familia, pues consideran que son los mejor capacitados –por conocer bien al paciente, su situación familiar y su historial clínico– para valorar la duración de su baja médica y su regreso al mundo laboral, y cuestionan cuál es el objetivo real de esta medida, que parece buscar beneficiar solo a las empresas.
