Ninguna de las grandes auditoras del “big four” está dispuesta a realizar la auditoría externa de las cuentas del Partido Popular. Según publicaba este lunes el diario digital Vozpópuli, el rechazo es debido a las exigencias que el partido plantea con respecto al sistema de trabajo que estas empresas deberían desarrollar.
Lo que pretendía ser un ejercicio de transparencia anunciado por Mariano Rajoy parece no resultar ser un negocio atractivo para las cuatro auditoras, que no han presentado ofertas al concurso del PP, a pesar de las declaraciones de hace dos semanas de María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular, en las que aseguraba que “nosotros estamos ya en disposición de entregarlo todo, y el concurso entre empresas auditoras está a punto de terminar”.
La ausencia de candidaturas de estas empresas ha hecho a la tesorería del PP llegar a telefonear “de manera informal” a tres de ellas: PwC, KPMG y Deloitte, para solicitarles directamente que se presentaran al concurso, según han reconocido fuentes populares. La única empresa de las cuatro que no ha recibido la llamada del PP ha sido Ernst & Young, lo que se debe, según el PP, al temor de que pudiera cuestionarse la independencia del análisis, ya que Juan Costa, ex-ministro del PP, trabaja en dicha empresa. Sin embargo, el hecho de que Luis de Guindos, actual ministro de Economía, hubiera trabajado en PwC con anterioridad no ha sido óbice para contactar con esta firma.
“Lo que el PP quiere no es una auditoría”
El rechazo de las empresas al PP se basa, en general, en el modo en que el partido quiere que se realice la auditoría, que sería una auditoría financiera clásica, mientras que las auditoras prefieren desarrollar la conocida como auditoría forense.
La diferencia entre ambos sistemas es sustancial. La auditoría clásica estaría realizada sólo sobre los últimos cinco ejercicios fiscales y se limitaría a revisar los registros de los libros de cuentas del PP, ratificando los capítulos recogidos en la contabilidad y determinando la incidencia que tienen sobre los saldos auditados, algo que es entendido por las empresas como un gesto meramente formal que no podría destapar ninguna contabilidad B.
Por el contrario, una auditoría forense sí supondría una verdadera investigación durante la cual la firma encargada podría recoger pruebas accediendo a todos los documentos para revisar los ingresos y pagos originales y podría incluso testificar en el caso de que se abriera un procedimiento judicial. El Partido Popular no parece estar dispuesto, de momento, a que se lleve a cabo una auditoría forense.
