En vez de usarlo como un banco público para dar servicio a la ciudadanía tras su rescate, que costó a los bolsillos de los españoles 22.424 millones de euros solo en medidas de capitalización (hasta 147.000 millones en ayudas públicas recibidas según la asociación ATTAC), el Gobierno de Mariano Rajoy continúa en su senda de re-privatización de Bankia bajo el dictado de la Comisión Europea y el BCE, que marcan como fecha límite para su privatización absoluta el 31 de diciembre de 2019.
