A mediados de enero el Partido Popular se comprometió a tres medidas para frenar la corrupción interna de su partido. Tenían como objetivo responder a la ausencia de información y transparencia para lavar su imagen ante su electorado y de la ciudadanía en general.
Por un lado, anunció que el partido sería sometido a una auditoría externa de toda la contabilidad histórica del Partido Popular, que aunque, en principio, no sirviera para detectar fondos en B, no se ha llevado a cabo, según fuentes del PP, porque las principales auditoras a las que han acudido se han negado a realizarlas.
Tampoco se terminó de realizar la auditoría interna que aseguraron estar llevando a cabo. El principal motivo de ello fue la falta de claridad en la información contable previa a 2004, según afirmó la tesorera actual, Carmen Navarro, y,supuestamente por esta razón, no ha podido entregar dicha información al juez Ruz.
La presidenta de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal, también se comprometió a presentar todas las declaraciones de la renta de todos los miembros del Partido Popular. Meses después todavía no se ha cumplido esa promesa, salvo en el caso de Cospedal y de los portavoces parlamentarios (Alfonso Alonso, José Manuel Barreiro y Jaime Mayor Oreja).
