Alberto Garzón, portavoz económico de IU, ha presentado en el Pleno del Congreso una iniciativa que propone constituir una comisión de expertos de diferentes ámbitos – ciencias sociales, economía y vida civil- para investigar y estudiar cómo se han gastado los créditos del Tesoro Público. Su objetivo es identificar las razones por las que se contrataron, con quién y por qué cantidades. Mediante este proceso se pretende levantar el velo que existe en las cuentas del Estado para poder invesitigar si parte de la deuda ha sido contratada de forma ilegítima sin informar a los cuidadanos. Garzón afirma que la «deuda odiosa» va contra los principios del derecho internacional y que, dada la opacidad de las cuentas del estado, se hace necesaria una auditoría.
El PP, el PSOE, UPyD y CiU han votado en contra de la propuesta de la Izquierda Plural, argumentando que realizar este ejercicio de transparencia en las cuentas públicas provocaría una gran inestabilidad y dudas, lo que podría conllevar a los grandes prestamistas y fondos de inversión (los mercados) a una subida de intereses en los prestamos al Tesoro.
Garzón también incidió en que la medida es «un alivio y no una solución» y que » debe ir acompañada de otras muchas». El diputado -vinculado con el movimiento 15M- ha hecho referencia a la crítica situación de Grecia y ha remarcado que «aceptando las normas que ha impuesto la troika» España podría llegar «al abismo económico». Las medidas de ajuste para el pago de la deuda han llevado al país heleno al colpaso hasta el punto de que la nación acaba de bajar su calificación en la ONU a país en vias de desarrollo.
Por otra parte, la portavoz del PP -Matilde Asián- ha despreciado la propuesta alegando que el ordenamiento jurídico nacional «impide» la posibilidad de llevarla a cabo porque «la deuda debe estar autorizada por ley». Al ser legal y estar dentro del «marco constitucional» que pactaron PP y PSOE que «exige dar prioridad de pago de la deuda y de las emisiones no finalistas». El Partido Popular ha manifestado la imposibilidad de conocer al detalle el destino del dinero prestado. Además, añade que sería imposible atribuir el adjetivo de «odiosa» o «ilegítima» a una deuda gastada por un «Gobierno legítimo elegido por esta Cámara por un pueblo libre» que debe ser, según Asián, «responsable y vivir de acuerdo a las consecuencias de sus decisiones».
Manuel González, diputado del PSOE se ha sumado a esta argumentación alegando que «una auditoria de la deuda pública provocaría mayor inestabilidad en los mercados financieros, repuntaría la prima de riesgo y haría más costoso aún el pago de la deuda contraída». «Un país como España no puede plantear dudas sobre la devolución de su deuda», ha concluido, no sin antes remarcar que la deuda ha pasado del 69 al 84% del PIB durante el último año de gobierno popular.
Por su parte, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, también ha refutado la propuesta de impago de la deuda, calificándola como un «salto en el vacío difícil de apoyar». Se ha limitado a pedir la creación de una comisión que celebraría una auditoría de la deuda para saber si “era necesario llegar a esa cantidad de deuda” pero sin plantearse en ningún momento la posibilidad de declararla ilegítima.
La intervención de Inmaculada Riera, diputada de CiU, ha estado en la misma línea al calificar como “difusa” la definición de deuda “odiosa” para referirse a la ilegítima. Asegura que el impago produciría desconfianza en el sistema financiero y desequilibrio y que cumplir los compromisos europeos contraídos a un ritmo adecuando es fundamental.
La postura de varias formaciones del Grupo Mixto ha sido opuesta a la de los partidos mayoritarios, muchas de ellas han expresado su soporte a la propuesta. Olaia Fernández (BNG) considera que es “oportuna” para evitar el «desmantelamiento del Estado del Bienestar». Por su parte, Rafael Larreina (Amaiur) piensa que se trata de «un importante ejercicio de reflexión para romper con la dinámica de incremento desaforado de la deuda pública a cargo de la presión fiscal».
Por último, Teresa Jordà ha defendido que la deuda «debe pagarla quien la ha contraído» y no se debe cargar a la sociedad con la devolución. Señala como culpables de esta situación a “gobernantes, empresarios (sobre todo los de la construcción) y a banqueros» y al “festival en el que han vivido”, en referencia al lujoso estilo de vida de estos colectivos.
