El tribunal que juzga la primera etapa de la ‘trama Gürtel’ (1995-2005) ha desatendido las posturas en contra de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el PP y se ha pronunciado a favor de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sea llamado a declarar como testigo en el juicio, tal y como había solicitado la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), ya que Rajoy dirigió tres campañas electorales durante esa época de la Gürtel.
La decisión ha sido adoptada por mayoría de los tres magistrados que componen el tribunal, con dos de los jueces favorables a la citación de Mariano Rajoy en el juicio que comenzó el pasado 4 de octubre en la Audiencia Nacional.
“Por mayoría la Sala decide que es una prueba admisible, por mayoría se acepta y se le tomará declaración en el día que se marque según el calendario previsto”, ha anunciado el presidente del tribunal Ángel Hurtado.
De este modo, Rajoy se suma a los cerca de 300 testigos que han sido llamados a declarar en el juicio, entre ellos exdirigentes del PP como Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, también lo harán miembros de la actual ejecutiva como Javier Arenas y el jueves será el turno de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.
A la tercera va la vencida
Esta es la tercera vez que el presidente del Gobierno se enfrentaba a la petición de declarar como testigo en el ‘caso Gürtel’, que ya había sido rechazada por la Sala anteriormente en febrero y en octubre de 2016.
Esta vez el tribunal ha atendido las demandas de la acusación popular, que exponía que que “la conciencia social exige sanciones” y afirma que, estando el PP personado en la causa como partícipe a título lucrativo, “resulta necesario oír a sus máximos responsables”, teniendo en cuenta que se acusa al partido de “haberse beneficiado ilícitamente del delito de otros”.
ADADE también alegaba este martes que no se puede colocar “en una urna de cristal” a los máximos responsables del PP en la época de la Gürtel que se juzga, y afirma que a estas alturas del juicio han podido constatar que el abogado que representa los intereses del PP ha querido desviar toda la responsabilidad de las ilegalidades cometidas sobre las subvenciones electorales realizadas por la trama cargándola sobre “escalones inferiores”, los alcaldes de Majadahonda y Pozuelo, viéndose clara la intención “de evitar molestias, de salvar al jefe Rajoy”.
