Fue en plena crisis cuando el Gobierno del Partido Popular, decretazo en mano, hizo duros recortes sobre la sanidad pública a través del real decreto 16/2012, con el que retiraba el derecho a la salud a diversos colectivos, entre los que se encuentran las personas migrantes. Con el cambio de gobierno autonómico en 2015, la Generalitat valencia decidió revertir esta situación de riesgo para la salud pública en general mediante un decreto-ley que devolvía la universalidad de la atención sanitaria. El Gobierno de Rajoy lo recurrió ante el Tribunal Constitucional y la jugada le ha vuelto a salir bien.
