Después del rescate de la banca llega el rescate con dinero público de las ocho autopistas de peaje en quiebra, es decir, de las grandes empresas constructoras y los bancos que están detrás de las sociedades concesionarias que gestionan estas vías fracasadas, todas ellas proyectadas por el exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos en la era Aznar del Gobierno del PP, con un coste para los contribuyentes que podría alcanzar los 5.500 millones de euros.
«Las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas», indica el ministro, quien expone que el principal objetivo del rescate es que las infraestructuras «sigan operativas y los ciudadanos puedan seguir utilizándolas».
Sin embargo, la realidad es que el Estado está obligado a reparar o responder por el daño según la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA), que resulta del todo ventajosa para las sociedades gestoras de las autopistas, formadas por constructoras, bancos y operadoras de infraestructuras.
Las empresas concesionarias de las autopistas, creadas para tal fin y controladas por la constructora, solicitan a la misma constructora que construya la autovía y le paga por la obra a través de un préstamo que pide a los bancos. En el caso de quiebra posterior, la constructora ya ha cobrado por la obra y, según la RPA, el Estado debe hacerse cargo de la deuda, quedando los bancos protegidos.
Reconociendo De la Serna que Fomento tendrá que quedarse con las autopistas, en el caso de dos de las vías radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, el Ministerio deberá asumirlas antes de julio de 2017, según el acuerdo que alcanzó con el juez que el pasado mes de mayo dictó liquidación «sin efectos suspensivos» de las autopistas.
No obstante, en la actualidad, los jueces han abierto una moratoria de seis meses, antes de abordar nuevos procesos de liquidación en otras vías, con el fin de dar margen a la negociación. También pretende dar tiempo a que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre los recursos que Fomento elevó contra los primeros autos de liquidación.
Aunque las autopistas soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros, según los cálculos de la patronal de grandes constructoras, Seopan, el coste final para los bolsillos de los contribuyentes podría elevarse hasta los 5.500 millones de euros.
