Las sospechas sobre dos jueces que juzgarán el ‘caso Gürtel’ por su cercanía al Partido Popular han llegado a la Audiencia Nacional, que ha decido admitir a trámite las solicitudes de recusación de ambos magistrados y estudiará si existen verdaderamente causas para que sean apartados del juicio de la gran trama de corrupción que afecta al PP.
Los instructores de las recusaciones a los magistrados Concepción Espejel y Enrique López para evitar que juzguen Gürtel han admitido a trámite sendos incidentes, y, en el caso de López, el magistrado que instruye su expediente, percibe ya «apariencia de parcialidad» o de interés en la causa por sus vínculos con el PP.
En los dos autos de admisión, el magistrado Javier Martínez Lázaro, instructor de la recusación de López, y la magistrada Carmen Paloma González Pastor, a la que corresponde la de Espejel, han acordado una serie de pruebas antes de dictaminar si hay motivos para que sean apartados o no del enjuiciamiento de esa causa.
En ambos casos, los instructores acuerdan dirigirse a la fundación FAES, liderada por el expresidente del PP José María Aznar, para que remita en el plazo de 10 días certificado de las mesas redondas, cursos o conferencias en los que hayan participado los jueces, así como las cantidades que les fueron pagadas por ello.
Además, en el caso del juez Enrique López, Martínez Lázaro, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE, se dirige también al PP para que certifique si el magistrado recusado percibió alguna cantidad por su participación en dos mesas redondas en 2006 y 2007 de la Conferencia política sobre el modelo de Estado.
Para Martínez Lázaro, los datos del nombramiento de López como vocal del CGPJ o magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP no pueden llevar por si solos a la existencia de causa de recusación.
Sin embargo, considera que el hecho de haber sido propuesto por el PP en tres ocasiones distintas para cargos públicos de alta relevancia «sugiere una cierta vinculación de dicho partido con la carrera profesional del magistrado recusado, a valorar conjuntamente con los otros hechos que pueden comprometer su imparcialidad».
Tras recordar que en este trámite no se discute si existen causas de recusación sino si dichas causas podrían existir, Martínez Lázaro percibe «una apariencia de parcialidad» en López.
Todo ello, teniendo en cuenta que el PP le propuso en tres ocasiones «para ocupar relevantes cargos públicos», «su colaboración intensa y durante un largo periodo de tiempo con una fundación vinculada a dicho partido» y el hecho de «haber percibido remuneraciones significativas de dicha fundación».
Un juez pagado por FAES
Martínez Lázaro considera que la apariencia de vinculación de López con el PP «se hace más intensa» por su participación en más de 60 actividades de la FAES desde 2003 y en dos mesas redondas de la Conferencia Política del PP.
Para Martinez Lázaro, «no se trata de colaboraciones esporádicas u ocasionales con el PP: su elevado número sugiere una colaboración permanente durante un dilatado periodo de tiempo lo que implica una apariencia de vinculación con el citado partido».
«Y esta apariencia de vinculación se hace más relevante si se tiene en cuenta que el magistrado recusado percibió según el mismo indica, la no desdeñable cantidad de 13.102 euros por la participación» en FAES, añade el instructor.
Destaca también el instructor, que fue vocal del CGPJ junto a López (2001-2008), que en la dirección de FAES figura la exministra de Sanidad Ana Mato, encausada en Gürtel como responsable civil en condición de partícipe a título lucrativo en los regalos que la trama hizo a su exmarido y exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda.
Por contra, cree «irrelevante que en las actividades celebradas coincidiese con el actual ministro de Justicia o con uno de los acusados. Esta coincidencia no implica amistad ni compromete su imparcialidad. Tampoco es relevante su proximidad con posturas doctrinales del citado partido en los artículos publicados en la prensa, que responden a su libertad de expresión y reflejan su ideología».
Una vez practicadas todas las diligencias acordadas, los dos magistrados elevarán sus actuaciones a la Sala de lo Penal para que el pleno designe los magistrados ponentes de casa incidente de recusación que deberán proponer si existe o no causa de recusación. (Postdigital/Agencias)
