El Pleno del Congreso convalidó este jueves el decreto que contiene un paquete de ayudas de casi 214 millones de euros para paliar los daños causados por la erupción de La Palma con el apoyo de todos los partidos políticos de la Cámara Baja, excepto Vox, que se abstuvo.
Así, este decreto, que el Consejo de Ministros aprobó el 5 de octubre como segundo paquete de ayudas para la erupción iniciada el 19 de septiembre, recibió el voto favorable de toda la Cámara, salvo un voto en contra y las 52 abstenciones de los diputados de Vox.
Sin embargo, el pleno rechazó tramitar este decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia porque, según los portavoces de los grupos, el objetivo es que estas ayudas lleguen a los afectados por el volcán lo antes posible.
El consejero de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, fue el encargado de defender la convalidación de este decreto, y explicó la norma y reivindicó la actuación del Gobierno desde la erupción del volcán a mediados de septiembre.
Ayuda directa
En este contexto, el decreto validado incluye, entre otras cosas, ayudas directas a la vivienda para personas físicas y jurídicas para la reconstrucción de viviendas y plantas industriales destruidas.
Además, 63 millones se destinarán a un «plan extraordinario de formación y empleo» para los habitantes de La Palma, que también tendrán una moratoria de un año en las aportaciones sin intereses y podrán rescatar planes y fondos de pensiones de forma anticipada.
Para el sector agrícola y pesquero, el decreto incluye ayudas directas por valor de 20,3 millones de euros para paliar los daños causados por el volcán en el regadío, los caminos rurales, la pesca y la acuicultura. También se intercambiarán tierras para que los agricultores puedan continuar su actividad y se financiará el coste de las garantías para reactivar la actividad económica.
En apoyo de las infraestructuras de movilidad, se destinarán 22 millones de euros a la reconstrucción de infraestructuras y 40,5 millones a las redes de carreteras. Asimismo, este año habrá una exención total del impuesto sobre bienes inmuebles para las viviendas y los daños causados, y se aplazará el pago de las deudas fiscales.
Proteger a las mujeres de la violencia de género
El decreto también incluye 500.000 euros para financiar los servicios sociales y medio millón más para proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia de género.
Por otro lado, el reglamento suspende durante tres meses los plazos legales para ejercer el derecho de desistimiento de cualquier contrato, incluidos los plazos de devolución de productos. Hasta el 19 de diciembre, todos los residentes de La Palma, incluso los temporales, podrán rescindir un contrato sin motivo en determinados casos. Esta medida afecta principalmente a las compras en línea.
Cuando no se pueda cumplir un contrato, la empresa tendrá que devolver las cantidades que los consumidores hayan pagado previamente en un plazo máximo de 30 días. Es el caso de los conciertos o eventos para los que los consumidores han comprado entradas.
Además, no se pagarán nuevas tasas durante cinco meses -hasta que se pueda realizar el servicio-, sin que ello sea motivo de rescisión del contrato. Este es el caso de los servicios que se compran a plazos, como los gimnasios, las guarderías o las academias.
Cuando sea el consumidor el que no pueda recibir el bien o disfrutar del servicio o suministro a causa de las medidas decretadas por las autoridades -aunque la empresa pueda prestarlas- también tendrá derecho a elegir entre rescindir el contrato, sin pagar penalizaciones, o aplazarlo en los términos que acuerden las partes. Este será el caso de los hogares de las personas desplazadas que no podrán disfrutar de sus contratos de electricidad, gas o teléfono, aunque la empresa de servicios públicos pueda prestar el servicio.
En caso de solicitud de suspensión del contrato, su reanudación será gratuita y la solicitud de rescisión del contrato dará lugar a la devolución de las cantidades ya abonadas por el interesado en un plazo máximo de 30 días.
Los interesados disponen de un plazo de cinco meses para ejercer este derecho a partir de la fecha en que la autoridad competente haya decretado la medida que les impide recibir los bienes o utilizar los servicios o suministros.
Postdigital/Agencias
