Este miércoles en el Congreso, Unidos Podemos registró su Ley de Regulación y Control Integral del Consumo de Cannabis por parte de los Adultos, que establece las condiciones para el autocultivo, la distribución y la venta de esta sustancia, con el objetivo de revertir el actual enfoque «prohibicionista» en España.
El grupo confederal formaliza así su iniciativa, que ya había anunciado el mes pasado, y supone que el Congreso cuenta ya con tres iniciativas destinadas a legalizar el consumo de esta sustancia, dado que Más País y ERC anunciaron la semana pasada que impulsaban su propia legislación.
En el caso del partido morado, propone que el consumo de cannabis sólo se permita en el ámbito privado y en los espacios previstos por la ley. También establece el límite de autocultivo en 20 metros cúbicos de honda por trimestre, o un máximo de 10 gramos de consumo al día. También establece las condiciones de consumo en los clubes de cannabis cooperativos sin ánimo de lucro.
El proyecto de ley también regula el autocultivo y el asociacionismo, así como el mercado a través de un sistema de licencias* con un «fuerte control» por parte del Estado y las comunidades autónomas, con el objetivo de hacer aflorar «una economía sumergida que se está desarrollando de forma clandestina y que generaría miles de puestos de trabajo».
Como señala el grupo parlamentario, este sistema de licencias favorece «la vertebración territorial y la correcta distribución de los beneficios, ya que los cultivos sólo pueden realizarse en interior si el 90% del total de la energía eléctrica utilizada para su producción procede de fuentes de energía renovables producidas por la empresa titular de la licencia».
Lucía Muñoz Dalda, diputada de Unidos Podemos e impulsora del texto, ha destacado que esperan que la propuesta sea aprobada y, para ello, trabajan para construir una mayoría parlamentaria que permita sacarla adelante. «Tenemos la voluntad de negociar y llegar a acuerdos», añadió.
En la exposición de motivos de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el grupo confederal destaca que «el abandono del enfoque prohibicionista basado en el control altamente punitivo de la planta de cannabis, sus flores y sus principios activos es una deuda con la sociedad».
Una situación que ha provocado, según él, el «despilfarro de recursos públicos», la «proliferación» de grupos criminales, el robo de energía para el cultivo ilegal de cannabis, la «corrupción sistémica» vinculada al narcotráfico, la creación de «economías sumergidas» debido a la ilegalidad, la «sobrecarga» del sistema judicial y penitenciario, así como la «pérdida de oportunidades económicas».
Para ello, el proyecto de ley contrasta con la situación de otras sustancias como el alcohol y el tabaco, cuyo consumo está permitido, y subraya que la prohibición «no restringe en absoluto» el acceso de los ciudadanos al cannabis, ya que las encuestas muestran que el 60% de la población lo considera fácil de conseguir.
Por otro lado, la propuesta de Unidos Podemos argumenta que su legalización fomentaría el desarrollo del mundo rural, reforzaría el control de esta sustancia, mejoraría la información sobre los riesgos para la salud asociados a su uso, fomentaría la investigación sobre sus posibilidades medicinales y adecuaría la legislación española al marco internacional existente.
Cantidades autorizadas
En la parte reglamentaria sobre las cantidades permitidas a los adultos en lugares públicos, se estipulan cuatro posibilidades: 100 gramos de sumidades floridas secas de cannabis, 30 gramos de extractos de cannabis, productos de cannabis con un contenido total de THC de 10 gramos y la suma de posibles combinaciones proporcionales de los productos anteriores.
Para el hogar, 3.650 gramos de sumidades floridas secas de cannabis, 1.000 gramos de extractos de cannabis, productos procesados con un contenido total de THC de 365 gramos y también posibles combinaciones de los otros tres. En el caso de los hogares en los que conviven varios consumidores de cannabis, la tasa se duplica, independientemente del número de individuos que los componen.
Impuesto especial
Al mismo tiempo, se propone crear un impuesto especial sobre los productos del cannabis (IEPC), que
(IEPC), que será progresivo y se basará en el contenido total de THC de los productos puestos a la venta.
Para ello, se incluye una disposición que faculta al Gobierno a presentar un proyecto de ley sobre la creación de este nuevo impuesto en un plazo máximo de cuatro meses.
Sin embargo, los clubes sociales de cannabis cooperativos están exentos de pagar cualquier impuesto sobre la producción de productos de cannabis o la dispensación de dichos productos a los miembros.
Creación de una agencia específica
También marca la creación de una Agencia Española de Control de la Regulación Integral del Cannabis (AECRIC), organismos que estará adscrito al Ministerio de Derechos Sociales.
Dicho ente público tendrá «absoluta competencia», sin perjuicio de aquella que recaiga en el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, sobre las actividades «de siembra, cultivo, cosecha, control, inspección, producción, extracción, elaboración, etiquetado, empaquetado, trazabilidad, control analítico, transporte, acopio, distribución, dispensación, venta y comercialización de los productos del cannabis».
Concretamente, se encargará de impulsar reglamentos sobre la cadena de mercado vinculada a esta sustancia, como establecer las condiciones para disponer de una licencia, y fiscalizar estas actividades.