Prescripción de delito por tardanza en la instrucción de la causa. Así se libra un agente antidisturbios de la Policía Nacional de pagar por agredir, vulnerando el derecho a la información, a dos fotoperiodistas que trabajaban cubriendo una protesta contra la monarquía, a pesar de haber sido hallado culpable por el juez de las agresiones.
Entre los fotoperiodistas agredidos se encontraban Mario Munuera y Juan Ramón Robles, que “fueron golpeados” por el agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP o antidisturbios) 98.373, según recoge en sus “hechos probados” la sentencia del magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid que, a la par de afirmar que hubo agresión, “declara prescrito” el procedimiento porque la causa “ha estado paralizada” durante ocho meses en la Audiencia Provincial de Madrid, ya que este tipo faltas prescriben, según la ley, a los seis meses.
