El Ayuntamiento de Barcelona, con la exportavoz de la PAH a la cabeza como alcaldesa, Ada Colau, avanza por la senda de la protección a las familias afectadas por las hipotecas y la lucha contra la especulación inmobiliaria por parte de los grandes bancos y propietarios, y ha decidido sancionar a las entidades bancarias BBVA y Santander, además de a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), más conocida como “el banco malo”, por tener pisos en alquiler vacíos de forma prolongada en los distritos de Sant Martí y a Nou Barris con una multa de 315.000 euros por cada vivienda.
Barcelona planta cara a la especulación inmobiliaria: tener pisos vacíos les va a salir muy caro a bancos y grandes propietarios pic.twitter.com/qLBEWeDpX1
— Ada Colau (@AdaColau) 21 de noviembre de 2016
El concejal de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Maria Montaner, ha anunciado esta tarde que el gobierno municipal aplicará a partir de ahora cambios en el procedimiento de multa a los grandes propietarios de pisos vacíos para destinarlos a alquiler social y que les permitirá acortar la tramitación de los expedientes entre cinco y seis meses.
Esta reacción llega después del paro de un desahucio de dos pisos en el barrio del Raval propiedad de la SAREB, en el que los inquilinos que iban a ser desahuciados estaban dispuestos a pagar el precio del alquiler pero, según Montaner, los propietarios no estaban dispuestos a entablar una negociación desembocando en un caso de ‘mobbing’ administrativo’ o ‘acoso inmobiliario’.
Además, los bancos BBVA y Santander, propietarios de un piso cada uno sin inquilinos desde hacia más de dos años en Nou Barris, también han sido requeridos de aportar la suma de 315.000 euros.
Los expedientes de estas sanciones se iniciaron al comienzo del mandato municipal y sobre estos pisos ya se ha puesto una primera multa coercitiva de 5.000 euros, una segunda de 10.000 euros y una tercera de 15.000 euros hasta que, finalmente, el expediente prosiguió con el procedimiento sancionador que ha culminado en los cuatro casos con estas sanciones de 315.000 euros.
Según ha explicado el concejal, es la primera vez que se llega al final del procedimiento en la aplicación de la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña del 2007 y el cambio normativo es otra manera de «fomentar la recuperación del alquiler social» y si no se cumple lo establecido «aplicar la ley».
A partir de ahora pues, se establece una nueva estrategia con unos plazos más breves que se articulará a través de una primera declaración de utilización anómala de la vivienda después de la comprobación de que lleva vacío dos años y la iniciación de un expediente con una multa coercitiva de 5.000 euros paralelamente con un expediente sancionador.
En estos momentos, el Ayuntamiento de Barcelona tiene abiertos un total de 207 expedientes por tenencia de pisos vacíos, de los cuales 64 son procedimientos iniciados durante 2015 y los otros 143 se han abierto a lo largo de 2016.
