Este miércoles, la Comunidad de Madrid ha hecho públicos los nuevos criterios para la asignación de becas en los colegios públicos. Es un paso más en la voluntad de Ayuso y su equipo de engordar el negocio de la enseñanza privada en Madrid.
«Tenemos una política educativa que garantiza que nadie se quede sin estudiar por razones económicas, pero no podemos dar educación a todo el mundo porque no es sostenible», dijo Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid a finales del año pasado. Ocho meses después, las palabras de la presidenta madrileña han cobrado un nuevo sentido después de que el pasado miércoles anunciara los nuevos criterios de adjudicación de las becas de educación infantil, bachillerato y formación profesional para estudiar en centros educativos privados.
Las cantidades de dinero público que la Comunidad de Madrid destinará a los centros públicos a través de estas becas son: 50,6 millones para educación infantil; 43,4 millones para bachillerato; 9,1 millones para formación profesional de grado medio y 30,5 millones para formación profesional de grado superior.
El gobierno de Ayuso decidió aumentar la renta familiar per cápita de 10.000 euros a 35.913 euros para cada uno de sus miembros. En la práctica, esto supone triplicar con creces el umbral de renta para poder optar a una beca de la Comunidad de Madrid en un colegio público. Mientras que antes la clásica familia de cuatro miembros (dos padres y dos hijos) no podía ganar más de 40.000 euros al año para poder optar a una de estas becas, ahora pueden permitirse ganar 143.652 euros al año y seguir optando a una.
La medida ha indignado a la oposición y a los sindicatos. «Para que quede claro, aunque las llamen becas, los subsidios son universales y es dinero para los ricos. ¡Qué robo! Pagan a los ricos con el dinero de todos los colegios ricos en los que seleccionan a los alumnos y sólo admiten a los hijos de los ricos», ha dicho este jueves Agustín Moreno, portavoz de Educación de Unidos Podemos en la Asamblea de Madrid.
Han convertido las becas, que deberían ser un mecanismo de igualdad de oportunidades, en ayudas para quienes no las necesitan. Vergonzoso», denunció Isabel Galvín, secretaria general de Educación del sindicato Comisiones Obreras de Madrid, en su cuenta de Twitter, resumiendo el sentir general de los críticos con esta medida.
‘El objetivo de este aumento es promover la libertad de elección de las familias’, respondió el gobierno madrileño en un comunicado. Según el Gobierno de Madrid, no habrá becas para todos y «se dará prioridad a los estudiantes con menos recursos económicos».
La propia Comunidad de Madrid calcula que estas becas en centros públicos beneficiarán a más de 62.000 alumnos. El gobierno de Madrid insiste, sin embargo, en que estas subvenciones no cubren el coste total de la educación y que las familias tendrán que asumir el grueso de la factura que la escuela pública les está pasando mes a mes.
