Las familias sin hijos menores de edad que ingresen más de 807 euros al mes no podrán acceder al bono social eléctrico que pretende implantar el Ministerio de Energía. Y si cobran menos, el pequeño descuento del que podrán beneficiarse en la factura sólo afectará a los primeros 100 kWh que consuman cada mes. Son dos ejemplos del que para FACUA-Consumidores en Acción es un aberrante modelo de bono social que no hará más que ayudar a seguir agravando la pobreza energética existente en España.
Para los pensionistas, la cosa está también dura: el bono sólo podrá solicitarse si todos los miembros de la unidad familiar perciben la cuantía mínima vigente por jubilación o incapacidad permanente.
El bono ya no será accesible para los usuarios que tengan una potencia contratada inferior a 3 kW. Eso sí, el Gobierno pretende que todas las familias numerosas sigan accediendo al bono social. No importarán sus ingresos, por lo que FACUA denuncia que se llegará a la aberración de que gente con elevado nivel adquisitivo se beneficiará de descuentos vetados para multitud de familias con pocos recursos. Incluso las mayores fortunas del país podrán disfrutar del bono social.
Consumidor vulnerable severo
FACUA también ha presentado una alegación contra la indefensión que genera en el ciudadano el hecho de que, a pesar de existir distintas vías para solicitar el bono social, no en todos los casos se prevé facilitar al solicitante un justificante, certificado, código de referencia o comprobante que demuestre que dicha solicitud se ha realizado. Así ocurre en los casos de presentación telefónica, por fax o mediante envío postal de la misma.
Además, la asociación se muestra totalmente contraria a la pretensión de que las familias tengan que poner a disposición de las compañías eléctricas datos protegidos, como es el caso de sus declaraciones del IRPF. Es el procedimiento que contempla el proyecto de orden hasta la puesta en funcionamiento de la aplicación telemática establecida en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto, como mecanismo para comprobar la renta familiar.
FACUA denuncia que esta provisionalidad, que se traduce en inseguridad para los consumidores, es producto de la irresponsable demora del Gobierno para regular el bono social.
