Al parecer Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal ayudaron al líder de la Gürtel a ocultar y blanquear su patrimonio, así como a intentar escapar a Panamá. El juez de la AN, José de la Mata, rechaza archivar la causa contra ellos, al considerar que tienen una relación directa con la expulsión de Garzón del caso.
De la Mata sostiene que los existen indicios en la causa que revelan que la actuación desplegada por ambos letrados «no se limitó a simples funciones de asesoramiento y defensa». Afirma que su cometido se encaminó a “ayudar a ocultar o encubrir el origen ilícito y el titular de los fondos de Francisco Correa, así como a colaborar en la elusión de las consecuencias legales de la adquisición o transmisión de bienes con origen en una actividad delictiva».
El documento declara que ninguno de los dos abogados se comportó como tal, sino que su cometido fue “evaluar el empleo de tácticas de deslocalización personal o de testaferro societario” con el fin de “excluir u ocultar la responsabilidad” de Francisco Correa.
Las pruebas que sustentan esta versión son numerosas: pinchazos telefónicos, documentación y declaraciones de testigos muy reveladoras.
Por otra parte, el juez Garzón ya disponía de los primeros indicios de estas actuaciones ilícitas tras los pinchazos telefónicos que se les realizó entre 2008 y 2009. Por este motivo –y respaldado por la Fiscalía Anticorrupción- ordenó la ampliación de las escuchas a otros letrados del procedimiento, tras lo que fue expulsado del caso por el Tribunal Supremo.
