El presidente de Uruguay, Jose Mújica, y el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, promulgaron ayer ley del Matrimonio Igualitario, aprobada ya el 10 de abril por la Cámara de Diputados con 71 votos a favor y 21 en contra, tras varios meses de análisis y debates. La ley fue propuesta por el partido del presidente de la coalición de izquierdas Frente Amplio y además tuvo el respaldo de parte de la oposición.
En noventa días la ley entrará en vigencia, tiempo durante el cual el presidente y su ministro dictarán la reglamentación respectiva. A partir del 3 de agosto las parejas homosexuales podrán casarse en Uruguay de la misma forma que las heterosexuales.
La nueva legislación señala que la institución del matrimonio de ahora en adelante «implicará la unión de dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estos, en los mismos términos, con iguales efectos y formas de disolución que establece hasta el presente el Código Civil».
Uno de sus aspectos más curiosos es la reglamentación sobre el orden de los apellidos que deberán llevar los hijos de las parejas homosexuales, que se decidirá por mutuo acuerdo de los dos cónyuges o mediante sorteo en caso de falta de acuerdo, y que también se aplicará a los matrimonios heterosexuales.
También genera controversia el derecho de los hijos a reconocer a su padre biológico en el caso de que la madre, casada con otra mujer, lo tenga en un embarazo por la relación con un hombre, no así en el caso de que se use el método de fecundación «in vitro», por la reserva de la identidad de los donantes de esperma.
Mientras duró el proceso legislativo, la Iglesia católica inició una campaña mediática para pedir a los legisladores que profesan esa religión no votar una iniciativa por considerarla, a su entender, contraria al «proyecto de Dios». La Iglesia Uruguaya recordó, además, las críticas del papa Francisco a una ley similar aprobada en 2010 en Argentina cuando era arzobispo de Buenos Aires.
El matrimonio homosexual, que también acaba de ser aprobado en Francia, es ya legal en España, Holanda, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca y Argentina, así como en seis estados de EEUU, la capital mexicana, el estado mexicano de Quintana Roo y en el estado brasileño de Alagoas.
